Las panaderías iban a cerrar el lunes y martes en protesta por el aumento desaforado de la venta ilegal de pan procedente de Marruecos. Los empresarios creían que la situación de competencia ilícita había llagado a un "extremo límite" sin que las autoridades cumplieran ninguna de sus repetidas promesas de controlar el fraude. La Asociación de Empresarios de Panadería decidió el cierre dando cuenta inmediata de dicha resolución al alcalde y al delegado del Gobierno.
A su vez, el Partido Popular pretendía que los estatutos de Ceuta y Melilla se tramitaran en el congreso de modo independiente después que la mayoría de las fuerzas políticas del Ayuntamiento ceutí se hubieran pronunciado en contra del texto pactado entre los partidos mayoritarios y el gobierno.
