El Tribunal Constitucional reconocía a la desaparecida tarjeta de estadística el valor de un permiso de residencia legal que debía asimilar en derechos a sus poseedores con el resto de españoles, aunque la sentencia se producía una vez desaparecida la tarjeta de estadística, el valor del fallo adquiría total actualidad por el reconocimiento expreso de derechos a los que la poseyeron y que no consiguieron verlo reconocido en materia de documentación o prestaciones sociales.
La dificultad en la obtención de los permisos eléctricos y la necesidad de pintar la señalización que indicaba la existencia de los seis nuevos grupos semafóricos eran las razones del retraso de su puesta en marcha según esgrimía el ingeniero municipal, Javier González.
