La Comisión de Observadores de Derechos Humanos (CODH) denuncia en su informe publicado esta semana que los menores extranjeros no acompañados que abandonan los centros de acogida de la ciudad lo hacen por recibir "castigos físicos o psicológicos", en unas instalaciones con falta de recursos donde "el personal se aleja del ideal socializador y educador que han de cumplir, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y exposición de los MENA". LA CODH responsabiliza a la administración local de esta situación de "maltrato institucional" y de no cumplir con su deber de protección de los menores, tal como le obliga la legislación. En su informe sobre la situación de las personas migrantes que pasan por Melilla, la CODH dedica un amplio capítulo a la situación de los MENAS (Menos Extranjeros no Acompañados). Según explica, una vez que se localiza a un MENA se declara el desamparo y se le deriva al centro "La Purísima" y las chicas al colegio "Divina Infantita", de gestión privada y de confesionalidad religiosa. "Al igual que sucede en el CETI el número de personas es superior a las plazas existentes".
Menores
Explican que las asociaciones locales y, especialmente, PRODEIN ha denunciado la "violación sistemática" de los derechos de la infancia por parte de la entidad tutelar de la Ciudad Autónoma: la Consejería de Bienestar Social. En base a observación directa y fuentes locales la Comisión conoce la existencia de un alto número de MENAS en situación de calle tras haber "huido" de los centros de tutela. "Estas trayectorias informales están asociadas a una socialización alternativa con altos grados de violencia, delincuencia y drogadicción".
"La presencia de los menores en las calles termina cuando cumplen la mayoría de edad, o son ser expulsados; o bien cuando acceden a la península de forma irregular, precaria y asumiendo altos riesgos para su integridad física. En el menor de los casos, cuando la administración les ha provisto de documentación en regla pueden acceder de forma regular a la península, una vez cumplida la mayoría de edad. Independientemente de la trayectoria se constatan graves secuelas psicológicas y psiquiátricas en los jóvenes que han experimentado estos circuitos informales", afirma el informe.
Explica la Comisión que se entiende por maltrato institucional a cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual de los profesionales que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del menor. Así, al hablar de maltrato institucional, "nos referimos a las inadecuadas o insuficientes prácticas" llevadas a cabo en todos los ámbitos (sanitario, justicia, educación, servicios sociales, etc).
Acogida
Los centros de acogida adquieren un funcionamiento institucional en el que los valores como "el orden y la seguridad se imponen por encima de cualquier otro". Esto redunda directamente en el tipo de asistencia y tratamiento que reciben los menores. A esto hay que añadir "la precariedad de los medios y del personal que se aleja del ideal socializador y educador que han de cumplir, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y exposición de los MENA". Aseguran que la propia dinámica de los centros son "especialmente perjudiciales por el uso de métodos disciplinares rígidos como son los castigos psicológicos o físicos que hemos detectado en grado de indicios".
Se constata cómo la asistencia médica, psicológica e, incluso, emocional "se demora por encima de lo deseable". Denuncian que se han detectado "insultos, menosprecio y posibles malos tratos en la actividad cotidiana de estos centros por parte de los guardadores con respecto a los MENAS". En entrevistas informales dicen que se han comprobado que los jóvenes "experimentan su situación de desamparo desde la culpa y la autoresponsabilización, en parte propiciado por la falta de vínculos e incluso el abandono institucional por parte del personal de los centros y la ausencia de redes afectivas más allá de éstos".
"La estigmatización social" de los MENA en la ciudad "contribuye a reforzar imágenes estereotipadas". La situación de "aislamiento social" junto con las condiciones en las que se presta la asistencia a los menores, entre otros factores, "contribuye notablemente al abandono de los menores de la estancia residencial en centros". Es en la situación de calle en la que el niño puede experimentar cierto "reconocimiento social e integración en un grupo de pares que, sin embargo, supone una socialización en la drogadicción, la mendicidad o medios de vida socialmente ilegítimos e, incluso, ilegales".
Tutela
Desde el punto de vista del desempeño institucional las organizaciones locales informan a la Comisión de que hay "serias deficiencias" en la tutela legal de los menores en situación de desamparo, porque la administración "no asume ésta ni de forma inmediata ni retroactiva". A pesar de que la legislación de menores prevé claramente estos supuestos y dota de potestad a la administración para la declaración de tal situación, "no cabe justificación alguna en la demora del reconocimiento de desamparo y la consecuente tutela efectiva".
Además indican que la administración debe adoptar las medidas de protección oportunas comunicando las mismas al Ministerio Fiscal. "No asumir la tutela o no garantizarse activamente en todas las situaciones supone un abandono inexcusable y una irresponsabilidad desde el punto de vista de la protección de la infancia".
Hasta hace muy poco menores que habían estado tutelados al cumplir la mayoría de edad encontraban que su tarjetas de residencia se extinguían o caducaban, dándose la "dantesca situación" de que jóvenes que habían estado en el circuito tutelar quedaban en situación de irregularidad. "Tras diversas denuncias y procesos judiciales iniciados por PRODEIN se ha conseguido la implicación y pronunciamiento de diferentes instancias gubernamentales".
De esta forma, recuerdan que la Defensora del Pueblo ha instado a la Secretaría General de Inmigración y a la Fiscalía General del Estado a posicionarse ante las "continuas irregularidades" que se venían acometiendo por parte de la Delegación de Gobierno de Melilla. Gracias a estos agentes la actuación de la administración "ha cambiado favorablemente, sin embargo, al no haberse aplicado las medidas retroactivamente encontramos que aún hoy hay en Melilla un gran número de jóvenes que han quedado en la irregularidad administrativa".
Situación insostenible
Manifiestan que las administraciones públicas tienen una "obligación inexcusable" de velar por el interés superior del niño y atender sus derechos como los de cualquier otro niño que se encuentre en el territorio. "Sin embargo, la situación que encontramos en la ciudad de Melilla es muy diferente: el rechazo de estos niños hacia el sistema de protección Melillense les lleva a malvivir en cuevas y contenedores cercanos al puerto a la espera de una oportunidad para subirse a los bajos de un camión para poder llegar a península; se ven abocados a la explotación callejera como única forma de supervivencia en una búsqueda de alternativas frente al sistema de centros de protección".
Esta situación supone una "exposición a las violencias asociadas a la situación de calle son de especial gravedad cuando hablamos de la infancia: La trata, la mendicidad, el hambre, las enfermedades, los consumos y delincuencia; una experiencia traumática cuyas secuelas configuran no sólo experiencia sino la personalidad de los jóvenes". Las organizaciones señalan que a la vista de todo lo expuesto, "se hace especialmente necesario investigar las causas de estos procesos más allá de explicaciones que tienen de imputar una responsabilidad individual al niño, viendo el proceso de forma crítica y en su conjunto; atendiendo a posibles irregularidades o prácticas institucionales contraproducentes que podrían contribuir a la producción administrativa de la exclusión social y la marginalidad de estos jóvenes".
