Ha sido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) quien ha planteado al Ministerio del Interior que abra el ejercicio profesional de la seguridad privada a las personas con discapacidad, ámbito laboral del que ahora están excluidas normativamente.
De hecho, ante el próximo desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014, el Cermi, ha propuesto recoger expresamente en la nueva norma la opción de que las personas con discapacidad puedan trabajar en la seguridad privada.
Según el Cermi, el reglamento de seguridad privada, pendiente de aprobación, debe incluir disposiciones que permitan tanto el acceso a la seguridad privada de personas con discapacidad como el mantenimiento en esta actividad, cuando la discapacidad sea sobrevenida –en el caso de que la persona ya trabajara en este sector, y por accidente, enfermedad u otro hecho adquiriese una discapacidad.
