CCOO y el PP apoyaban a los funcionarios de Justicia y pedían al Gobierno central una solución urgente a las pésimas condiciones en las que se encontraba el edificio de los juzgados 1 y 3, que incluso padecía de desprendimientos. Los trabajadores habían iniciado una huelga de celo para exigir mejoras. Las quejas llegaron incluso al Ministerio de Justicia.
A partir de septiembre entraría en vigor una nueva prestación social para personas con escasos recursos consistente en una ayuda mensual de 30.000 pesetas.
Técnicos granadinos reconocían que la estación depuradora de aguas residuales estaba anticuada aunque realizaba su trabajo. El Ayuntamiento anunciaba que en breve recibiría un completo estudio para la remodelación de la planta.
