El presidente de Melilla y el PP regional, Juan José Imbroda, salió ayer públicamente en apenas cuatro días para reiterar su inocencia y la de otros miembros de la Ciudad Autónoma que se han visto implicados en el caso de la contratación de abogados externos, y por el cual el mandatario local estaría “preimputado” por presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude. Imbroda desmintió que haya prevaricado, porque para ello haría falta intencionalidad en el acto administrativo y niega que por parte de la Ciudad Autónoma la haya habido. Pero sobre todo, denunció una “absoluta indefensión absoluta con exclamaciones grandes” por la instrucción de este caso por parte del juzgado número 2 de Melilla. Imbroda, como ya dijo el jueves pasado, insistió en que el titular del juzgado, Emilio Lamo de Espinosa, no ha dejado “en ningún momento” que la Ciudad Autónoma se personara en la causa “para ver lo que estaba escrito allí”, ya que “estábamos ciegos y con las manos atadas” debido al desconocimiento. Sin embargo, el juzgado expresó su rechazo alegando que eran los denunciados y no parte del caso. Eso ha impedido que el Gobierno local haya tenido acceso al auto, del que se ha enterado por las redes sociales y Populares en Libertad (PPL) debido a una filtración.
Este hecho provoca “una indefensión absoluta”, según Imbroda, que lamentó además que no era la única en todo este asunto. Y es que como explicó, en los tres años que han transcurrido desde que en 2011 se presentó la denuncia por la contratación de abogados externos, el Gobierno melillense presentó “papeles” ante el juzgado para esclarecer los hechos, pero éstos fueron rechazados.
Por ello, decidió presentar entonces hasta tres recursos para que la Audiencia Provincial se pronunciara, concretamente el 24 de junio de 2013, el 3 de enero de 2014 y el 21 de febrero de 2014. Sin embargo, los recursos estuvieron “guardados en un cajón” durante meses, ya que no fueron elevados a la Audiencia Provincial hasta el 18 de agosto de 2014, en vez de ser remitidos a la instancia superior “como indica la Ley”. “Esto tenía que haber estado como mucho a los 15 días de haber presentado el recurso y no tantos meses. Ése es el trato que hemos recibido”, lamentó Imbroda subrayando que dichos recursos fueron anteriores incluso al último auto, filtrado a las redes sociales.
Imbroda fue muy crítico con este hecho, ya que no se ha dado la ocasión a la Audiencia Provincial de que se pronunciara a favor o en contra. “Un recurso se hace para que una instancia superior diga si va bien o no lo que se está haciendo. ¿Qué han hecho aquí? Dejar que se muera [el recurso]. Eso me parece muy mal”, subrayó Imbroda, en cuya opinión todo esto asunto es “un poco desorbitado y disparatado”.
“Olvídense de prevaricación”
Así, expresó su versión respecto a este caso, por el que podría estar preimputado por una supuesta prevaricación. En primer lugar, quiso dejar claro que no hay prevaricación en este asunto porque para que la haya, tal y como indicó el Tribunal Supremo, debería haber “voluntad, conocimiento y mala fe de que se está haciendo un acto ilegal”. En cambio, Imbroda aseguró que “no hay ninguna mala intención ni mala fe ni convencimiento alguno de que lo que se estaba haciendo era ilegal”.
Para demostrarlo, afirmó que en los 14 años que lleva como presidente de Melilla, ni el interventor de la Ciudad Autónoma ni el secretario general de la Asamblea han presentado ninguna advertencia de ilegalidad, ya fuera de forma escrita o verbal. Y ello a pesar de que estos cargos públicos deben intervenir ante cualquier orden de pago de facturas, las cuales no pueden ser abonadas directamente por el presidente “porque se la tira atrás el consejero, el interventor y el depositario”. Durante estos 14 años, recordó que han pasado tres secretarios generales de la Asamblea -dos de ellos nacionales-, y dos interventores.
“De prevaricación olvídense. Está clarísimo en la ley”, dijo Imbroda antes de mostrar una factura de un abogado a la Ciudad Autónoma que él pidió que se abonara y que llevaba “como cinco o seis firmas” de otros cargos públicos de la institución. De este modo, quiso desmentir a quienes dicen que el interventor no fiscalizó la factura, como también negó que el Consejo de Gobierno no estuviera enterado de los autos anteriores sobre este caso, entre ellos uno de noviembre de 2008.
El contrato
Imbroda aprovechó su comparecencia para dar su versión sobre todo el asunto de la contratación de un abogado externo. Unas explicaciones que ha intentado dar ante el Juzgado de Instrucción número 2 en los últimos días presentando “varios informes” de técnicos de la Ciudad Autónoma para “esclarecer los hechos” y que, según dijo, el juez los ha rechazado. Entre esos cinco informes, estaban los del secretario general de la Asamblea, el jefe de los servicios jurídicos y los servicios jurídicos laborales, así como del consejero que designó al abogado contratado en 2001 para defender a la Ciudad Autónoma del caso de las cooperativas de Medio Ambiente.
Imbroda dijo que, según que los técnicos de la Ciudad Autónoma, el contrato con dicho abogado era de servicio civil o mercantil, sin que se pudiera considerar administrativo, de modo que no se regía a la Ley de Contratos del Sector Público ni tenía que atender a los principios establecidos en ella, como son los de transparencia y libre concurrencia.
La falta de esos principios es uno de los puntos que se reprochan al Gobierno local en la investigación judicial del caso, en la que también se consideraba que el contrato, al tener una duración superior a los cinco años, tendría que haber pasado por el Pleno de la Asamblea para que hubiera sido aprobado. Para Imbroda, eso es “una incongruencia”, teniendo en cuenta que un procedimiento judicial nunca se sabe lo que puede durar, en función de los recursos, y que precisamente por eso tampoco se sabe a cuánto puede ascender la minuta del abogado.
Al hilo, insistió en que son muchas las administraciones públicas que contratan a abogados externos, como el propio Estado, que echó mano de esa opción ante casos como el Prestige o el Odyssey a pesar de que tiene la Abogacía del Estado. Y además, defendió que las administraciones solo contratan abogados, sino otros profesionales externos pese a tener los suyos propios, como hace la Ciudad Autónoma al contratar a arquitectos, ingenieros o veterinarios, entre otros. “Es mentira que no se pueda contratar. Las administraciones están llenas”, agregó.
Imbroda afirmó que entre 2001 y 2002, firmó minutas de abogados que ascendían a “varios miles de euros”, entre ellos uno que contrató un antecesor en el cargo, Ignacio Velázquez “para defender un interés suyo y de otro compañero suyo del gobierno anterior”. Imbroda firmó y abonó la factura porque consideraba que el trabajo se había hecho, tras lo que recibió una denuncia que después fue archivada por el Supremo.
El ejemplo de los pirómanos
Posteriormente se ha producido el caso que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 2 por la contratación de un abogado en la época del Gobierno Imbroda, en 2001, “para evitar un mal mayor y arreglar una irregularidad flagrante que había en el área de Medio Ambiente”.
Para hacerse entender, Imbroda recurrió a un ejemplo muy gráfico: “Es como si pegan intencionadamente fuego a los Pinos y se contrata a un abogado para que apague el incendio, pero van a por los que lo han contratado. ¿Y por qué no van a por los que han provocado el fuego?”. En este caso, lamentó que la Justicia haya “pasado de puntillas” por el caso de las cooperativas y, en cambio, se centren en la contratación del abogado, a pesar de que la Ciudad Autónoma recurrió a este profesional “para actuar por el bien de Melilla”.
Y lo mismo dijo respecto a otras contrataciones que se achacan a la consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín. “Esos cuatro abogados le han ahorrado a la Ciudad Autónoma muchos miles de euros. El bien mayor no se está viendo y todo está respaldado con los informes correspondientes”, afirmó Imbroda.
También salió en defensa del interventor actual, Francisco Platero, ya que recordó que lleva en el puesto menos de un año y, sin embargo, se le involucra en este asunto que se remonta a hace más de diez años atrás.
“Esto quedará a cero”
Tras explicar todos estos hechos, Imbroda avanzó que la Ciudad Autónoma presentará hoy un nuevo recurso, tal y como ya aprobó ayer el Consejo de Gobierno. “Esperemos que lo admita para que tenga más datos para saber cuál es la historia de verdad, no la otra. Si no la admite recurriremos a la Audiencia”, avanzó.
Además, se mostró convencido de que “esto se va a quedar a cero”. También dijo que todos los miembros del Gobierno local tienen “la conciencia perfectamente tranquila” en torno a este asunto y a su gestión en general. “Si después de 15 años toda la historia está en que el presidente o la consejera han contratado a un abogado irregularmente, vamos a discutirlo. ¿Pero esta es la historia?”, preguntó.
De todos modos, reconoció que “esto no es agradable, pero es vencible. Es totalmente ganable, la Justicia y la verdad resplandecerán”.
