Los dos máximos responsables de la Guardia Civil en Melilla, el coronel jefe Ambrosio Martín Villaseñor y su número dos, el comandante Arturo Ortega, declararon ayer ante el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la devolución de los 21 inmigrantes que hace más de un año y medio entraron a Melilla a bordo de dos coches kamikaze por los pasos fronterizos de Beni-Enzar y Farhana. Ortega lo hizo como imputado por un presunto delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los inmigrantes, mientras Villaseñor lo hizo como testigo, aunque en un principio también estuvo imputado en este caso junto al delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani. Ortega y Villaseñor estaban citados a media mañana en las Torres, donde entraron por la puerta del Registro Civil. En la puerta principal, en cambio, había un grupo de guardias civiles que querían expresar su apoyo a sus dos jefes, entre los que se encontraba el cabo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), Javier González Ferrón, que ya avanzó su postura sobre el cuestionamiento de la actuación de la Guardia Civil en la valla en la edición de ayer de MELILLA HOY.
Estos agentes sí pudieron expresarles su respaldo públicamente a la salida del juzgado, cerca de dos horas después de la entrada, una vez finalizada la declaración ante el juez de Ortega, Villaseñor y otros dos guardias civiles que estaban de servicio en la frontera cuando se produjo la entrada y devolución, que también estaban citados para declarar en calidad de testigos.
Ninguno de ellos hizo declaraciones ante la prensa, aunque sí el abogado de la acusación, José Alonso, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDH). Precisamente esta ONG es una de las partes que se han personado en esta causa, junto con Prodein, Coalición por Melilla (CPM), Equo y Guelaya.
El Acuerdo con Marruecos
En declaraciones a MELILLA HOY, Alonso explicó que durante la declaración de Ortega, éste expuso que la devolución de los inmigrantes a Marruecos fue una orden del delegado del Gobierno haciendo uso del Acuerdo de Readmisión hispano-marroquí firmado en 1992. Hay que recordar que El Barkani, en su declaración ante el juez el pasado mes de febrero, ya expuso este hecho al afirmar que ésa había sido su “decisión política” para tratar de poner freno a las entradas kamikazes, ya que éstas eran “absolutamente agresivas, violentas y ponían en peligro la vida” de los inmigrantes, los agentes y demás usuarios de la frontera.
Según Alonso, en la declaración del imputado y los tres testigos se puso de manifiesto que no se cumplieron los requisitos de dicho acuerdo con Marruecos “y muchos menos los de la Ley de Extranjería” porque los inmigrantes necesitan antes de la devolución asistencia letrada y de un traductor habilitado oficial. “Normalmente se hace, pero en estos casos no”, dijo.
Asimismo, el responsable de APDH apuntó que los 21 inmigrantes deberían haber sido puestos a disposición judicial porque con su entrada kamikaze a Melilla pusieron en peligro a los agentes, a los que desobedecieron el alto, y provocaron daños materiales. “En vez de ponerlos a disposición judicial, que era su obligación por los delitos de los que tenían conocimiento, los cogieron y los expulsaron”, apuntó José Alonso.
“No se cumplieron los requisitos mínimos de la Ley”
Tras prestar declaración, ahora hay que esperar a ver qué diligencias se practican, aunque para Alonso “está claro que por una parte no se les puso a disposición judicial y no se cumplieron los requisitos mínimos de la Ley para proceder a su expulsión”. De hecho, dijo que el juez incidió sobre todo durante la toma de declaración en las garantías de los inmigrantes que fueron expulsados y en los daños que se produjeron en su entrada clandestina a Melilla.
“Son continuas las irregularidades que han puesto en cuestión los derechos de estas personas y la obligación que tienen de perseguir delitos”, afirmó Alonso, al salir del juzgado. El siguiente paso será analizar si la acusación pide más diligencias si son necesarias, en función de lo cual se podrá continuar con la tramitación o bien dar vía libre al juez para que decrete el archivo de la causa o abra el juicio oral.
“Venganza”
También sobre la declaración de ayer se pronunció Prodein, otra de las partes de la acusación. En las redes sociales, el responsable de esta ONG, José Palazón, afirmó que “la deportación posterior [de los inmigrantes] se realizó totalmente al margen de la legislación española y los ilegales acuerdos con Marruecos, al parecer, en cumplimiento de órdenes directas del delegado del Gobierno en Melilla”.
“A nuestro entender se procedió con un acto de ‘venganza’ intolerable por parte de los actores que participaron, representantes todos del Estado, servidores públicos”, concluyó Palazón.
