El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, considera «necesario abrir una investigación para establecer responsabilidades» por «la violencia» que los agentes de la Guardia Civil española ejercieron contra varios inmigrantes el miércoles en un intento de salto de la valla de Melilla. Recuerda a España que las devoluciones sumarias son ilegales y un incumplimiento de sus obligaciones. El comisario hizo las declaraciones antes de que aparecieran estos videos en los que se ve a un inmigrante escupiendo y agrediendo a un agente «Lo ocurrido en Melilla, donde la Guardia Civil utilizó la violencia contra varios migrantes y los devolvió a Marruecos sin evaluar sus necesidades o permitirles solicitar asilo, es otro preocupante ejemplo de los fallos de España en el trato que da a los inmigrantes en los enclaves», dice el comisario. En un comunicado, Muiznieks recuerda a España que «cuando los migrantes llegan a un país del Consejo de Europa, las autoridades del Estado tienen el deber de examinar su situación individualmente y permitirles solicitar protección internacional». «Es ilegal que un Estado simplemente los devuelva. España ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en esta materia y tristemente, no es la primera vez», añade el comisario. Según afirma, «es ahora necesario que se abra una investigación para establecer la responsabilidad de la violencia policial» y que se dicten «órdenes claras para evitar la futura reaparición de la violencia y cesen las prácticas de devolución sumaria». «Los flujos migratorios sin duda representan un desafío para los países europeos, pero esto no justifica las operaciones de control de fronteras que son incompatibles con los estándares de los Derechos Humanos», concluye el representante del Consejo de Europa. La ONG Prodein ha difundido un vídeo rodado este miércoles durante el salto de la valla de Melilla que protagonizaron unos 150 migrantes que muestra como varios de ellos fueron devueltos sobre la marcha a Marruecos, en una práctica ilegal que ha costado la imputación del máximo responsable de la Guardia Civil en la ciudad autónoma por un posible delito de prevaricación.
