Ia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha manifestado su preocupación ante la propuesta de España de "legalizar" las 'devoluciones automáticas' de las personas que tratan de cruzar las vallas fronterizas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El Grupo Popular ha registrado una enmienda de adición al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana mediante la cual pretende reformar la Ley de Extranjería y recoger en su articulado el rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla. La Agenc"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España". Este es el párrafo que el PP quiere que figure como "Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla" en la Ley de Extranjería. En un comunicado, ACNUR subraya que ambas ciudades españolas son las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África. En este sentido, destaca que desde 2013 se ha registrado un aumento en el número de personas que llegan de forma irregular a través de esta ruta y, al mismo tiempo, se ha incrementado la proporción de las personas que vienen de países asolados por la guerra, la violencia y la persecución, como Siria, la República Centroafricana o Malí. "En 2013, unas 4.200 personas entraron en las dos ciudades autónomas de forma irregular (por tierra y mar). En lo que va de año, más de 5.000 personas han llegado a Ceuta y Melilla, entre ellas 2.000 personas que han huido del conflicto en Siria, el 70% de las cuales son mujeres y niños", destaca. El organismo de la ONU advierte que la regulación que persigue el Ejecutivo español no daría la oportunidad de pedir asilo a quienes huyen de la persecución y los conflictos. Por ello, subraya la importancia de que se permita el acceso al territorio para aquellas personas en necesidad de protección internacional. La Agencia de la ONU para los Refugiados entiende la complejidad de la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla. Sin embargo, destaca que el Gobierno debería garantizar que cualquier iniciativa legal cumple con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que España es parte. Además, ACNUR reitera su preocupación por el creciente uso de la violencia en la frontera para disuadir la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo. Por otro ello, ACNUR hace un llamamiento a las autoridades españolas al objeto de que garanticen que no se ejerce la violencia en las fronteras y que éstas son gestionadas respetando plenamente los derechos humanos y la legislación en materia de refugiados.
