En caso de meter a todos los imputados “en el mismo saco”, abriríamos las puertas a que las listas de los partidos políticos las realicen quienes presentan denuncias porque con ello se quitarían a sus rivales políticos con sólo lograr que estén imputados En estas últimas semanas, en estos últimos meses, los telediarios han estado abriendo casi a diario con casos de corrupción en el país, que han provocado la indignación de los ciudadanos y su reflejo en las encuestas de intención de votos, con un ascenso considerable de un inquietante grupo político como Podemos, del que no se sabe a ciencia cierta cuáles son objetivos, salvo propuestas irreales y muchas de ellas que, de materializarse, nos acercarían más a la Venezuela bolivariana chavista -donde escasean todo tipo de productos de primera necesidad- que a la Unión Europea a la que pertenecemos.
Una sensación de la que Melilla tampoco se ha librado porque las cuestiones judiciales cada vez tienen más peso en la vida política de nuestra ciudad, como demuestra el hecho de que hay un gran número de imputados, no sólo entre las filas del partido de Gobierno sino también entre la oposición.
Sin embargo, acierta el presidente Juan José Imbroda cuando pide que no se meta a todo el mundo en el mismo saco y solicite que se sepa diferenciar entre quienes están imputados por errores administrativos y de aplicación de reglamentos, que aquellos otros que lo estén por cohecho, por ejemplo quedarse con una comisión del 10 por ciento por la concesión de una obra.
Primero porque sería injusto: que un juez impute a una persona, no significa que la condene, sino que, como coinciden los expertos en Derecho, esa figura lo único que da es más garantías a ese ciudadano porque podrá contar con la asistencia de un abogado.
Segundo, porque no todos los casos son iguales: no es lo mismo cometer un error de procedimiento que meter la mano en la caja o funcionar su acción gubernativa a base de “mordidas”.
Y tercero, entre otras muchas razones, porque abriríamos las puertas a que las listas de los partidos políticos las realicen quienes presentan denuncias porque con ello se quitarían a sus rivales políticos con sólo lograr que estén imputados. Sería por tanto ir contra la democracia y con ello influir de una manera torticera en la elección de nuestros representantes públicos. Una tentación al alcance de aquellos que nunca ganarían unas elecciones en las urnas y que verían así logrado su objetivo a través de las instancias judiciales, eliminando a sus contrincantes políticos con una imputación que luego podría quedar en nada. Pero el daño ya estaría hecho, salvo para los perdedores, que verían así cumplidos sus sueños de obtener una victoria que en circunstancias normales nunca conseguirían.
