“Merecido se lo tienen los falsos acusadores, como merecido lo tendrían, esos y otros falsos acusadores (que tanto proliferan en Melilla) si se aplicase la ley en vigor en Ginebra durante la época de Calvino y el protestantismo, mediante la cual se castigaba de igual forma y en el mismo momento a acusado y acusador, mientras no quedara demostrada la veracidad de la acusación” Por una serie de problemas técnicos con mi iPad, la Carta del Editor de esta semana, que tenía totalmente terminada, se ha borrado y mi desesperación ha llegado a tal término que no me siento con fuerzas suficientes como para volver a escribirla de nuevo.
Había escrito sobre el Editorial de nuestro periódico del pasado jueves. Se titulaba "El sueño de los perdedores" o el recurso, y abuso, que perdedores e imbéciles varios hacen de las denuncias judiciales, que, en efecto, cada vez tienen más peso en la vida política de nuestra ciudad. Unos abusos que, como decía el mencionado Editorial "abre las puertas a que las listas de los partidos políticos las realicen quienes presentan denuncias, porque con ello se quitarían de en medio a sus rivales políticos, con sólo lograr que estén imputados. Sería, por tanto, ir contra la democracia y con ello influir de una manera torticera en la elección de nuestros representantes públicos".
Comentaba también en mi Editorial perdido algunos movimientos visibles en el PP local ante la perspectiva de que una de esas lamentables denuncias políticas pudiera afectar al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, si fuera imputado por un presunto error administrativo y, como consecuencia de ello y del ambiente de frenesí persecutorio judicial contra la corrupción existente y contra la inexistente, resultara imputado (que no es ser declarado culpable) y, como consecuencia, "Madrid", el PP de Madrid, le forzara a no presentarse como cabeza de lista de su partido en las elecciones locales melillenses del próximo mayo. Algunos, que aspiran a suceder a Imbroda, sin atreverse siquiera a pensarlo en alto, por si les oyen, no podían ocultar su contento ante la posibilidad de tal circunstancia y hacían su particular recuento de los méritos que, según su particular versión -muy alejada de la realidad, por cierto- ellos atesoran para suceder al actual presidente. Miserias humanas.
También hablaba de la más que aparente falsa denuncia que se ha hecho contra el presidente de Extremadura, Monago, y de que el daño político y personal que se le pretendía hacer es muy probable que, para desesperación de los falsos acusadores, se convierta en una ayuda electoral para el falsamente acusado. Merecido se lo tienen los falsos acusadores, como merecido lo tendrían, esos y otros falsos acusadores (que tanto proliferan en Melilla) si se aplicase la ley en vigor en Ginebra durante la época de Calvino y el protestantismo, mediante la cual se castigaba de igual forma y en el mismo momento a acusado y acusador, mientras no quedara demostrada la veracidad de la acusación.
Y terminaba enlazando con lo que escribí en mi Carta de la semana pasada, titulada "Una nueva era", un inevitable cambio profundo en el que volviera a "aplicarse eso que dice la Constitución fundacional de los Estados Unidos: la soberanía reside en "We, the people", en Nosotros, el pueblo, en los ciudadanos, que no súbditos. No en el Rey, ni en el Partido, ni en el tirano de turno, sino en Nosotros. Y somos Nosotros los que hemos de reaccionar. No suicidarnos votando a esperpentos como Podemos, sino, cada uno en su ámbito de actuación, pasando de la pasividad a la actividad, del temor a la esperanza, del miedo al compromiso, de soportar las injusticias a luchar contra ellas".
Un ejemplo próximo de aquello contra lo que hay que luchar: la sentencia del juez Álvaro Salvador Prieto en el Juzgado de lo Social sobre el despido que la Junta Directiva del Club Campo de Golf de Melilla realizó de un gerente, Ignacio Suárez, que, entre otras cosas aún más graves, él mismo dijo en el juicio que no hacía nada. El juez -el mismo que en el año 2011sentenció, ante el asombro general y judicial, que la inhabilitación de Ignacio Velázquez debía de ser restrictiva y, por lo tanto, afectarle sólo a la condición de presidente, no a la de diputado, una sentencia que la Audiencia Provincial echó por tierra en abril de aquel año, confirmando que Ignacio Velázquez no podía ir en ningún puesto de la lista del PPL, hechos y sentencias que este periódico destacó con amplitud en su momento- este juez, como decía, acaba de declarar nulo el despido, lo que implica que el despedido, Ignacio Suárez, debe reincorporarse a su puesto ¿Para seguir cobrando sin hacer casi nada o haciendo cosas peores? No lo sé, pero sí sé que en mi ya larga vida profesional y empresarial jamás he conocido a un empresario que despida a una persona que esté rindiendo mucho y trabajando más. A ninguno, y he conocido a muchos empresarios.
¿Qué beneficio puede representar a cualquier país, a cualquier sociedad, que un juez obligue a una empresa a readmitir a quien no le quieren ni sus superiores ni sus inferiores en el organigrama empresarial? ¿Qué pensaría cualquier empresario, cualquier ciudadano norteamericano, por ejemplo, ante una sentencia de este tipo? Pues pensaría, como yo, como la inmensa mayoría de los españoles, como casi todos los empresarios, que en nuestro país no se tiene ni el más mínimo respeto a la actividad empresarial, que es la única que realmente puede sacar a España de su marasmo actual. Este, el de luchar para evitar este tipo de legislación que permite ese tipo de sentencias judiciales, más propias del franquismo que de una democracia desarrollada y consolidada, también es uno de los cambios ineludibles de la nueva era, si queremos que España se reincorpore a la libertad y que a los españoles se nos trate como ciudadanos que pagamos las estructuras administrativas, no como súbditos amedrentados por los diferentes poderes públicos.
