La semana pasada se cumplieron dos años desde la entrada en vigor de la polémica Ley de Tasas Judiciales, un periodo en el que ya se han podido comprobar los estragos que ha causado en los juzgados. Los recursos de apelación por vía civil han bajado al menos la mitad, algo que según el Colegio de Abogados de Melilla, está muy relacionado con el hecho de que cualquiera que vaya a los tribunales a pedir tutela judicial tenga que pagar 800 euros de tasa y otros 50 de depósito, independientemente del nivel de ingresos. En declaraciones a MELILLA HOY, el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, considera “una absoluta injusticia” lo que ocurre en los juzgados a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Tasas el 20 de noviembre de 2012, ya que “se debe tutelar y amparar a los ciudadanos en su acceso a la Justicia”. En cambio, esto no ocurre ahora con las tasas judiciales, algo que en opinión del decano fue “un error” del Gobierno.
Imbroda no solo ve una equivocación la implantación de las tasas judiciales, sino también la manera en la que se tramitó aquella Ley, “fundamentalmente porque no debería haber sido una imposición”. “En todo caso, se tenía que haber consensuado con todos los operadores jurídicos y se tenía que haber hecho caso a la Abogacía, porque los abogados somos los que nos encargamos de defender los derechos de las personas”, agregó.
En este sentido, el decano del Colegio de Abogados de Melilla apuntó que desde la implantación de la Ley de Tasas es cierto que hay menos trabajo para los letrados. Sin embargo, eso no les preocupa tanto como el desamparo de los ciudadanos por no poder acceder a la Justicia. “Por encima de que la Abogacía tenga más o menos trabajo, lo que reclama es que se protejan los derechos de las personas. No es una defensa corporativa, sino la defensa de un derecho fundamental de todo el mundo a poder ser defendido y obtener tutela judicial”, dejó claro.
Esa tutela judicial “se cierra considerablemente desde el momento en que se ponen trabas y obstáculos a acceder a los tribunales a través de las tasas judiciales”, siguió diciendo Blas Jesús Imbroda. La prueba está en que en los juzgados se ha reducido el trabajo, pero “no tanto como en el ámbito de los recursos”.
Esperanzas en Catalá
Por el momento no hay cifras oficiales respecto al impacto que ha tenido la Ley de Tasas en sus primeros dos años, ya que la Audiencia Provincial de Málaga, de la que dependen los juzgados melillenses, no dispone de datos. Sin embargo, un cálculo rápido permite adivinar que la caída de los recursos civiles es de al menos la mitad respecto a los que había antes de la Ley de Tasas impulsada por Gallardón.
Ahora que éste ya no dirige el Ministerio, las miradas están puestas en su sucesor, Rafael Catalá, en el que el Colegio de Abogados tiene las esperanzas puestas de que “reconduzca el tema de las tasas judiciales planteando su supresión o, al menos, una gran reducción de su importe”, habida cuenta que en la actualidad todo el mundo paga lo mismo a la hora de presentar un recurso, salvo las personas que tienen derecho a asistencia jurídica gratuita.
