Para el consejero adjunto a la Presidencia, Javier González, poner precio a las viviendas ilegales de la Cañada de Hidúm es una “temeridad política”. Lo dijo ayer en Pleno de Control, donde el portavoz adjunto del Grupo Coalición por Melilla (CPM), Hassan Mohatar, reclamó al Gobierno de la Ciudad la legalización de las alrededor de mil viviendas ilegales que hay en esa barriada. Una legalización, eso sí, a “coste cero” o a un “precio político muy mínimo” para los vecinos que están en paro o para los que viven por debajo del umbral de la pobreza. El Grupo Coalición por Melilla (CPM) reclamó ayer al Gobierno de la Ciudad que legalice alrededor de mil viviendas irregulares que hay en la Cañada de Hidúm, pero que lo haga "a coste cero" o a un "precio político muy mínimo" para los vecinos que están en paro o que viven bajo el umbral de la pobreza. El portavoz adjunto cepemista Hassan Mohatar calificó de "anarquía urbanística" la situación que se vive en este barrio, y se preguntó cómo el Ejecutivo melillense no ha hecho nada en estos 14 años de Gobierno.
Durante el Pleno de Control celebrado en la mañana de ayer, Mohatar resaltó que la "mayor parte" de las familias que viven en la Cañada son "muy humildes", por lo que consideró que es de "justicia social" que el Gobierno dé una respuesta a la regularización de estas viviendas, tal y como se hizo en barrios como el de La Libertad o en Pinares.
El cepemista abogó por que Gobierno y oposición consensúen con los vecinos de la Cañada el coste del suelo donde se asientan sus viviendas, y recordó que es un problema que tiene más de 35 años. "Es un problema de ciudad que hay que solucionar", indicó Mohatar, que se preguntó por qué el Gobierno local no tiene "voluntad" de hablar con los vecinos para acordar un "precio mínimo".
Ante esto, el consejero adjunto a la Presidencia, Javier González, señaló que es "una temeridad política" hablar del precio de unos terrenos que, a día de hoy, "son imposibles de valorar". González explicó que es necesario esperar a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dado que con el actual los valores no serían reales. Además, dijo que había que tener en cuenta el valor catastral. En opinión del consejero, hacer "elucubraciones" genera "falsas expectativas" y puede dar pie "a la picaresca". "No hagamos elucubraciones de lo que no es real".
El objetivo del Gobierno es regularidad las viviendas, aunque antes ha de realizarse un estudio topográfico de la Cañada, que tiene más de 240.000 metros cuadrados de superficie. Este estudio se adelantará a la aprobación del PGOU, de forma que en los Presupuestos Generales de la Ciudad (PGCAM) ya hay una partida reservada de 200.000 euros.
"Estudiaremos caso a caso la regularización de las viviendas, pero no pidan lo que no se puede hacer", insistió el consejero adjunto a la Presidencia, que avanzó que este mes pasarán por Contratación la construcción de tres nuevas plazas públicas en la Cañada, con lo que el Ejecutivo local lo que busca es "mejorar la calidad de vida de los vecinos".
