La Justicia ha sobreseído el caso sobre la devolución a Marruecos de 21 inmigrantes kamikazes, por el que estaban imputados el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el comandante de la Guardia Civil Arturo Ortega, segundo jefe de la Comandancia de Melilla. Fuentes judiciales han informado a MELILLA HOY de que el Juzgado de Instrucción número 5 ha dictaminado el archivo de este procedimiento, abierto el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia de Coalición por Melilla (CPM) y la asociación PRODEIN, en la que también se habían personado la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDH), Equo y Guelaya. Con esta decisión del juez Miguel Ángel García, se da carpetazo a una de las dos causas que estaban abiertas en los juzgados por las denominadas devoluciones en caliente, junto con la que está todavía abierta en el Juzgado de Instrucción nº 2, en la que está imputado el coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, por la actuación del instituto armado en dos intentos de entrada masiva registrados el 18 de junio y el 13 de agosto.
Ese procedimiento judicial, que llevó al coronel ante el juez Emilio Lamo de Espinosa el pasado mes de octubre, es similar pero distinto del que ahora ha sido archivado. Hay que recordar que en el caso de los kamikazes inicialmente fueron imputados El Barkani y el coronel Martín Villaseñor, por presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos individuales.
El delegado del Gobierno fue a declarar ante el juez Miguel Ángel García el 25 de febrero en medio de una tremenda expectación mediática, pero el coronel alegó que en la época en que ocurrieron los hechos no estaba en Melilla, por lo que la imputación pasó entonces a su segundo, el comandante Arturo Ortega, que había ejercido como máximo responsable de la Comandancia de la Guardia Civil cuando 21 inmigrantes consiguieron entrar a Melilla subidos en dos coches kamikaze los días 7 y 10 de febrero de 2013, saltándose los controles de seguridad españoles en los pasos fronterizos de Beni-Enzar y Farhana, respectivamente.
Aquellos 21 inmigrantes fueron devueltos a Marruecos en virtud del Acuerdo de Readmisión que España tiene suscrito con el país vecino desde 1992. Tanto El Barkani como el propio comandante Arturo Ortega tuvieron que explicar ante el juez el procedimiento que se siguió entonces, mientras que el coronel Martín Villaseñor hizo lo propio en calidad de testigo el pasado 30 de septiembre, el mismo día que el comandante.
Confianza en la legalidad de su actuación
Con el sobreseimiento de la causa, el juez Miguel Ángel García da la razón tanto a El Barkani como al comandante Ortega, que en su día mostraron su tranquilidad por la confianza que dijeron tener sobre la legalidad de su actuación. El delegado del Gobierno manifestó en su declaración que en los dos casos de coches kamikaze se aplicó el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos, y se hizo “bajo la normativa legal”. También dijo que su decisión política fue pedir que se cumpliera lo previsto en el Acuerdo de Readmisión hispano-marroquí firmado en 1992 para tratar de poner freno a las entradas kamikazes, que eran “absolutamente agresivas, violentas y ponían en peligro la vida” de los inmigrantes, los agentes y demás usuarios de la frontera.
El comandante Ortega, en declaraciones a MELILLA HOY hace justo dos meses, también se mostró tranquilo y “absolutamente convencido” de haber cumplido con su deber y la Ley mientras estuvo al cargo de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla durante todo el primer trimestre de 2013.
El Supremo ya había archivado otra causa similar por el desalojo de la Isla de Tierra
El archivo del caso de la devolución a Marruecos de 21 inmigrantes kamikazes ya tenía un precedente cuando el Tribunal Supremo archivó a finales de 2012 una denuncia presentada contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; el de Defensa, Pedro Morenés; y el de Interior, Jorge Fernández Díaz, a los que se había acusado de una presunta prevaricación en el desalojo de 71 inmigrantes de la Isla de Tierra ese mismo verano. La decisión del Supremo coincidió con la petición de la Fiscalía de que se procediera “sin más trámites” a rechazar el escrito-denuncia del abogado Alberto Jorge Revuelta Lucerga, decretando su archivo.
