Las 129 ONG y asociaciones que vienen mostrando públicamente su oposición a la reforma de la Ley de Extranjería que legaliza las devoluciones a pie de valla de inmigrantes en Ceuta y Melilla han llevado este lunes su denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde han presentado un escrito solicitando a la institución que intervenga para detener la tramitación e informar la medida. Piden además, que se les reciba en audiencia. El documento, que firman entre otros el Servicio Jesuita a Migrantes, el grupo de académicos Inmigrapenal o Médicos del Mundo, insta a la Comisión Permanente del CGPJ a ejercitar "las acciones que considere oportunas para que se detenga la tramitación parlamentaria" del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que incluye la reforma de Extranjería en una Disposición Adicional introducida por enmienda del Grupo Popular.
Las entidades, que ya han trasladado su preocupación a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y el Senado, informan ahora al CGPJ de que la reforma prevista permitirá devolver sobre la marcha a Marruecos a los extranjeros interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla en grupo "sin individualizar la actuación administrativa, impidiéndose su control judicial" y "afectando así a derechos fundamentales" como a la vida o a la integridad física.
"Entendemos no sólo que el contenido de dicha enmienda lesiona derechos fundamentales y es incompatible con la Constitución, el Derecho comunitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos, sino que constituye un fraude de la normativa vigente sobre la iniciativa y tramitación de iniciativas legislativas, pues en modo alguno puede iniciarse la reforma de una ley orgánica a través de una enmienda de un grupo parlamentario, por mucha mayoría absoluta que tenga", denuncian.
Por eso, las organizaciones llaman al Consejo a "reclamar su competencia y emitir el informe que preceptivamente le corresponde evacuar en relación con la norma incorporada en trámite de enmiendas parciales" pues, de otro modo, se "omite un trámite primordial en el procedimiento de producción normativa" y se "sustrae al CGPJ de una de sus competencias más genuinas y esenciales".
En este sentido, recuerdan a la institución que según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre "aspectos jurídico constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales" serán sometidos a informe del CGPJ, paso que en este caso no se ha cumplido porque la reforma se ha introducido con una enmienda en el trámite parlamentario.
"Existe una doctrina jurisprudencial muy asentada en la Sala Tercera del Tribunal Supremo acerca del alcance de la omisión de los informes preceptivos no vinculantes durante el proceso de elaboración de las normas", explican las ONG, para incidir en que "el carácter constitucional y consultivo del CGPJ están fuera de duda" por lo que le son de aplicación todos los argumentos que respaldan que se consulte forzosamente al Consejo de Estado.
En la misma línea, destacan que "incluso antes de su aprobación parlamentaria, existen precedentes que avalan el reenvío de un proyecto de ley al órgano que debió evacuar el informe antes de su aprobación en el Parlamento", como ocurrió con la proposición de Ley Orgánica reguladora de la tutela cautelar penal del Grupo Parlamentario Vasco, que fue paralizado para que el CGPJ informase la iniciativa.
