La Policía Nacional tiene abiertas varias líneas de investigación sobre el doble homicidio ocurrido en Melilla el pasado martes, por el que murieron un hombre y una mujer. Una de las hipótesis se basa en la posibilidad de que sea un caso de violencia de género, que en caso de confirmarse sería el segundo en la ciudad autónoma este año. De momento no se puede calificar como tal hasta que la Policía no esclarezca los hechos, aunque lo que sí está claro es que la mujer asesinada era víctima de violencia de género sobre la que había medidas de protección y alejamiento de su exmarido, que es uno de los dos detenidos por la Policía, sospechoso estar relacionado con el doble crimen cometido en la Cuesta de la Alcazaba hace dos días. La viceconsejera de la Mujer, Fadela Mohatar, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Melilla, María Teresa Fernández, avanzaron ayer este extremo en una rueda de prensa conjunta, en la que no pudieron precisar apenas detalles de este caso porque está bajo secreto de sumario y aún continúan las pesquisas policiales y judiciales.
Sí explicaron que la mujer asesinada era una marroquí que vivía en Melilla. Su nombre corresponde a las iniciales H.O. y solo tenía solo 19 años. Ayer fue reconocida en el tanatorio por sus familiares, entre ellos su tía, con la que estaba viviendo ahora en la ciudad, y que se ha quedado de momento con la niña de H.O., de apenas un año.
Protegida por la UPAP
Esta joven marroquí denunció meses atrás que era víctima de malos tratos y la Justicia condenó a su exmarido en enero, decretando varias medidas cautelares penales de alejamiento y prohibición de comunicación durante dos años.
Desde el momento de la condena, H.O. tenía asignado un teléfono para alertar en situaciones de peligro y un agente de la Policía Nacional de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer (UPAP), con el que la víctima tenía comunicación directa. La última vez que la víctima habló con el agente asignado fue apenas unas horas antes de ser asesinada, el martes por la mañana.
Según apuntó Fadela Mohatar, esta joven había expresado su inquietud y preocupación a los agentes de la UPAP, los cuales le habían recomendado que no fuese sola a determinados sitios y tuviera cuidado. Los agentes, en palabras de la viceconsejera, estaban ayer “consternados” tras conocer la muerte de la joven, a pesar de que comunicaban con ella de forma constante por su “preocupación continua” hacia las víctimas de violencia de género, con las que mantienen un contacto “casi familiar”, más aún en una ciudad tan pequeña como Melilla.
De hecho, la viceconsejera defendió ayer la labor de la UPAP, que ha estado protegiendo a la víctima “hasta el límite”. Sin embargo, recordó que las medidas cautelares de protección “no suponen limitación de movimiento para la víctima”, de ahí que “por mucho que se haya querido protegerla, en este caso la UPAP, hay momentos en que no se puede controlar su libertad de movimientos”.
Centro de la Mujer
Otra de las cosas que quiso dejar claras Fadela Mohatar fue que, además de las medidas de protección que había sobre H.O., ésta también estaba atendida por los servicios asistenciales del Centro Integral de la Mujer desde febrero de este año, un mes después de que su expareja fuera condenada.
Antes de terminar en casa de su tía, la víctima había pasado por dos casas de acogida de mujeres que sufren violencia machista, primero en la de Cruz Roja y después en la de Mujeres en Igualdad, que abandonó de forma voluntaria en junio.
Sobre esta cuestión, Fadela Mohatar fue muy clara para responder a la acusación lanzada desde CPM respecto a que esta mujer había sido expulsada de la casa de acogida por no tener documentación. La viceconsejera subrayó que la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género concede derechos universales a las víctimas, sin importar su situación jurídica, personal o legal, y les permite obtener documentación por motivos extraordinarios.
Era el caso de H.O., a la que se había tramitado la residencia como víctima de violencia de género. En estos momentos estaba tramitando el acceso al Ingreso Melillense de Inserción (IMI) y hace poco solicitó información para participar en un curso de alfabetización.
Críticas a CPM
Por todo ello, consideró “desafortunadas, inoportunas y tendenciosas” las declaraciones realizadas ayer por la diputada cepemista Salima Abdeslam, máxime cuando la violencia de género es un tema “tan grave y sensible que para hablar de él hay que estar mínimamente documentado”. “Si hubiera tenido altura de responsabilidad política en un caso tan grave como éste, habría levantado el teléfono en vez de lanzar acusaciones”, respondió Mohatar a Abdeslam.
Asimismo, Mohatar lamentó las “informaciones contradictorias, algunas falsas y tendenciosas” que se han publicado tras el doble homicidio del pasado martes.
Fernández, por su parte, consideró que la violencia de género debe ser abordado como un tema de Estado y “no puede ser tratado de forma partidista ni como moneda de cambio para conseguir votos”. “Está en juego la vida de las mujeres”, recordó.
