El discurso de diversas ONG y asociaciones y la prensa afín se han autoalimentado este año porque sus denuncias han sido admitidas a trámite en los juzgados, provocando dudas sobre la Guardia Civil y dando alas a los inmigrantes Mucho ha sido el ruido que llevan provocando a lo largo de los últimos meses aquellos que constantemente ponen su lupa del cuestionamiento sobre quienes cumplen con la obligación que les asigna la Ley (la Guardia Civil) y no sobre quienes la vulneran sistemáticamente intentando entrar a Melilla de forma irregular por lugares no habilitados para el paso (los inmigrantes y las mafias que les alientan a seguir asaltando las fronteras europeas). Nos referimos a contadas ONGs unipersonales a las que apenas se las ve asistiendo y ayudando realmente a los inmigrantes y, en cambio, sí se las encuentra cámara en mano en puntos concretos de la frontera desde minutos antes de que se produzcan los intentos de salto masivo. Parece que su auténtico objetivo es intentar cazar supuestas ilegalidades en la actuación de guardias civiles que tienen como misión proteger nuestras fronteras y ofrecer visiones sesgadas de lo que ocurre realmente para ofrecérsela a medios afines que informan desde la distancia sin haber presenciado en directo un intento de entrada masiva. Medios que desde Madrid e incluso en Melilla escriben de oídas porque no acuden a cubrir las avalanchas y, sin embargo, hacen suyas las reivindicaciones de las ONGs atreviéndose a cuestionar la labor que hace la Guardia Civil para frustrar las entradas ilegales.
El discurso de esas asociaciones que dicen actuar en pro de los derechos humanos y la prensa afín se han autoalimentado este año porque sus denuncias han sido admitidas a trámite en los juzgados, provocando dudas sobre la Guardia Civil y dando alas a los inmigrantes y las mafias que los manipulan para actuar con mayor crudeza en la valla. Eso es lo único que de momento ha provocado la apertura de procedimientos judiciales como el de las devoluciones en caliente o la devolución de los inmigrantes kamikazes, ya que como se ha podido comprobar en este caso último, la denuncia presentada por diversas ONGs y partidos políticos se caía por su propio peso después de que los responsables de la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil explicaran ante el juez su versión sustentada en documentos oficiales.
El archivo de este caso se une al del desalojo de la Isla de Tierra, que fue sobreseído por el Tribunal Supremo, ni más ni menos. Esta semana decía Imbroda que estas decisiones judiciales, que desestiman las denuncias tras haberlas admitido a trámite, deberían dar lugar a una pauta a seguir, del mismo modo que determinadas sentencias sientan jurisprudencia. No le falta razón a Imbroda si se observa que las entradas más violentas se han dado, precisamente, a raíz de la apertura de procedimientos en los juzgados motivados por quienes no buscan el interés general, sino posiblemente el particular. Solo de esta forma se evitaría el tremendo perjuicio que causa abrir causas en los juzgados aunque luego queden en nada por la duda internacional que genera la criminalización de quienes custodian nuestras fronteras con la Ley en la mano.
