“Mañana y pasado publicaremos en este periódico la entrevista con Lamo de Espinosa, que aporta datos muy importantes para entender mejor el estado de la justicia en Melilla. Resumo ahora que, entre las 14 propuestas de la Reunión de Decanos, están las de la puesta en marcha de una Ley de Segunda Oportunidad, buscando un adecuado tratamiento judicial de la insolvencia de las personas físicas azotadas por la crisis económica” Hay personas que vienen a ocupar cargos públicos a Melilla y que cuando se van, habitualmente con pena, causan también pena a los que han tratado con ellos/as. También hay funcionarios foráneos que pasan desapercibidos, que apenas dejan un recuerdo más allá de la sensación de que ellos tampoco se llevan recuerdo alguno de nuestra ciudad. Y, por último, hay funcionarios que cumplen el trámite de hacer como que están aquí, estando lo menos posible, y que cuando se van oficialmente causan alegría a los melillenses. Javier Badenas, jefe de la Inspección de Trabajo en Melilla, cargo que oficialmente abandonará pronto, pertenece a esta última categoría. Ha hecho poco, ha estado menos aquí y deja la Inspección de Trabajo -un organismo ya sujeto a numerosas críticas por su propia naturaleza- bastante peor de lo que estaba. Una muestra de su talante democrático fue que, cuando este periódico criticó sus prolongadas ausencias en Melilla, su reacción fue obligar a que se diera de baja a una suscripción del MELILLA HOY que la Inspección tenía prácticamente desde la fundación del diario, hace ya casi treinta años. Un ejemplo, uno más, de funcionario que cree y actúa como si los ciudadanos estuviéramos a su caprichoso servicio, en vez de ser ellos, como debería ser, servidores de los ciudadanos, de cuyos impuestos cobran.
Hablando de cobrar, hay que agradecer -dicho sea con toda la ironía del mundo- los esfuerzos que se hacen desde la Consejería de Economía de la Ciudad Autónoma, y morosa, de Melilla para que los ciudadanos melillenses, excluyendo a los funcionarios, no gasten dinero y practiquen, aunque sea de manera forzada, la virtud del ahorro obligado. Han descubierto una manera muy eficaz para lograr tan extraño objetivo: no pagar a los proveedores. Se amparan en que interventores varios y ayudantes numerosísimos están muy asustados con lo que pasa con esas redes sociales repulsivas que, aunque sean pocas y financiadas por el primer receptor de fondos públicos, eléctricos, de Melilla, y alentadas por el condenado jefe de un partido político en tumultuosa decadencia, esas redes han logrado asustar a los ya de por sí habitualmente medrosos funcionarios de un área, la económica, que es vital para que Melilla, la ciudad entera, mantenga un soplo de vida.
Han descubierto también, en un área sin cabeza política visible como la fundamental Consejería de Economía, que en nuestra ciudad hay dos tipos de ciudadanos: los que necesitan cobrar todos los meses (los funcionarios) y los que pueden cobrar de vez en cuando, o nunca, o casi nunca a tiempo, o sea, cuando al interventor de turno y a sus asesores varios les parezca oportuno (el resto de los melillenses). Curioso descubrimiento, sin duda, pero de una eficacia política digamos que deficiente, por no decir catastrófica. Catastrófica no sólo para el gobierno actual, sino para la inmensa mayoría de los melillenses. O se produce, de una vez, un cambio inmediato y profundo en una Consejería que, además, presume de que le sobra dinero, o el futuro de esta ciudad está más oscuro que el del famoso minero que cantaba Antonio Molina: que el futuro está muy oscuro, ay, trabajando en el carbón (o dependiendo de los pagos acordados por trabajos para la Ciudad Autónoma). Espero que a esto se le dé pronta solución.
Hablando de otras cosas menos desesperantes, el pasado jueves mantuvimos, el director de este periódico, Mustafa Hamed, y yo una extensa y agradable entrevista con el decano de los jueces melillenses, Emilio Lamo de Espinosa. El origen de la entrevista fue que el decano local había asistido, junto con el resto de los decanos españoles, a una reunión en Valencia celebrada entre los días 1 y 3 de este mes de diciembre. Una reunión en la que se habían sintetizado las conclusiones de muchos trabajos anteriores y en la que se había puesto de manifiesto, como se puede leer en las conclusiones de esta XXIV Reunión Nacional de Jueces Decanos, que los jueces no aspiran a ser dioses, como mucha gente cree, sino a ser ciudadanos, ciudadanos españoles en un tiempo convulso y con muchos problemas económicos, como es el caso de la España actual.
Mañana y pasado publicaremos en este periódico la entrevista con Lamo de Espinosa, que aporta datos muy importantes para entender mejor el estado de la justicia en Melilla. Resumo ahora que, entre las 14 propuestas de la Reunión de Decanos, están las de la puesta en marcha de una Ley de Segunda Oportunidad, buscando un adecuado tratamiento judicial de la insolvencia de las personas físicas azotadas por la crisis económica; las 57 medidas que proponen para luchar contra la corrupción, una de las manifestadas grandes preocupaciones de los españoles actualmente; y la de las posibles medidas para resolver "la insostenible situación de los Juzgados de lo Social" (de la que nosotros hemos tenido una buena muestra, por lo mala, en estos días pasados).
Lo que rezuma el trabajo de los Jueces Decanos es su insistencia en declararse ciudadanos, en intentar comprender a la sociedad a la que sirven. Reconocen, por ejemplo, que "el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos podido desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia…y descansa en el Poder Judicial la responsabilidad de la protección de esos preciados intereses colectivos". Y una curiosidad que contradice la opinión popular de que en España hay demasiados jueces. Pues resulta que no, que en España hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que se deriva de que en nuestro país hay 5.300 jueces, cuando, de seguir la media europea, debería haber 9.600. Situación agravada porque, dicen los decanos, en España tenemos una litigiosidad muy alta, unos 9 millones de asuntos con 46 millones de habitantes, cuando Francia, por ejemplo, tiene 6 millones de asuntos judiciales y 66 millones de habitantes. Recurrimos demasiado, a pesar de la maldición gitana de que pleitos tengas y los ganes, a la Justicia para resolver cosas que, quizás, se podían resolver por otros cauces, y no digamos nada de la feísima costumbre actual de intentar conseguir, a base de denuncias (falsas en la mayoría de los casos, como en las que un nefasto personaje hizo sobre el Club Campo de Golf Público de Melilla) lo que no se logra en las democráticas urnas.
