Los empresarios melillenses acogidos bajo el paraguas de CEME-CEOE consideran que el hecho de haber ganado las dos demandas interpuestas por grandes empresas, unido a la suspensión del juicio de la tercera, de Trasmediterránea, legitima la firma de los acuerdos sobre el reparto de las bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social. Los empresarios locales consideran que los 25 millones de euros que conlleva anualmente la bonificación son vitales para la pervivencia de las Pymes melillenses, por lo que su pérdida avocaría al cierre a la mayoría de las empresas locales y así lo expresó ayer ante la Prensa, la presidenta de CEME, Margarita López Almendáriz, apoyada por los representantes de los distintos sectores empresariales de la ciudad. Margarita López comentó que la compañía Trasmediterránea también se ha sumado a los demandantes que consideran que la CEME no estaba legitimada para la firma del referido acuerdo y por tanto este no tenía eficacia general y como consecuencia de obligado cumplimiento para todas las empresas que operan en la ciudad.
CEME dijo que Trasmediterránea se suma así a las demandas de Aproser, Asociación Nacional de Empresas de Seguridad y a Aspel, Asociación Nacional de Empresas de Limpieza y explicó que los demandantes podían elegir dos caminos. El primero la defensa de sus legítimos intereses argumentando la existencia de sus propios convenios colectivos de diferentes ámbitos y la colisión con el citado acuerdo. “En este caso nuestra organización hubiera esperado sin más a la resolución que los distintos tribunales realizaran al respecto, pero han elegido el segundo camino, que consiste en negarnos la legitimidad necesaria para la firma del acuerdo y con ello la eficacia general de este, situación que conllevaría que solo es de aplicación para los firmantes”.
La confederación empresarial “ante esta estrategia de los demandantes debemos hacer público nuestro más rotundo reproche, más aún viniendo de organizaciones empresariales, ya que hemos sido muy respetuoso con las empresas de ámbito nacional que venían a esta ciudad a prestar sus servicios, compitiendo en mejores condiciones, fundamentalmente por su tamaño, y con el apoyo de las instituciones que se veían deslumbradas por el renombre de estas empresas”.
Para CEME, las empresas locales han acreditado que saben competir y compiten a diario con estas empresas, “siempre y cuando, no sean ellas las únicas invitadas o los contratos sean del tal dimensión o se requiera unos condicionantes tales que solo puedan participar dichas empresas”.
En este sentido los empresarios locales consideran que con la estrategia que han desarrollado intentan que el coste de las empresas locales sea superior al suyo, y por lo tanto, “competir en mejores condiciones, como está ocurriendo desde la entrada en aplicación del acuerdo”.
CEME ha dejado claro que no lo va a permitir, “lo estamos defendiendo con muy buenos resultados en los tribunales y, de hecho, se han ganado en primera instancia las dos demandas interpuestas, ya que hemos acreditado nuestra legitimidad para la firma de los acuerdos y se ha suspendido el juicio de la tercera demanda, interpuesta por Trasmediterránea, a instancias de esta” y añade que “se han anunciado los recursos correspondientes por Aproser y Aspel, y estamos a la espera de su formalización, para responder jurídicamente a sus pretensiones”.
También prepara CEME una solicitud de modificación de la norma de la bonificación en dos vías. “Dado que se trata de una bonificación para las actividades desarrolladas en Ceuta y Melilla, creemos que se debe exigir que las empresas que se bonifiquen tengan su domicilio social en dichas ciudades o que la bonificación sea de aplicación solo para aquellas empresas que tenga establecido en las nóminas de sus trabajadores pluses vinculados a la residencia y bonificación”.
Por tanto, el empresariado local ha acordado la permanente denuncia pública de esta situación, “ya que no podemos esperar a la resolución que en cada caso formulen los tribunales”.
