La norma se dictó en 1994 con el último Gobierno de Felipe González, pero ahora, cinco gobiernos después, es cuando realmente se notará en las calles de toda España. El denominado Decreto Boyer, que supone el final de los contratos de renta antigua, dio una moratoria de 20 años para que los propietarios de locales comerciales y hosteleros y los propietarios llegaran a un acuerdo sobre el precio del alquiler. Ese periodo termina hoy, 31 de diciembre de 2014, y supondrá la desaparición de muchos de los comercios tradicionales después de décadas de existencia por desacuerdo entre los dueños del negocio y los del inmueble en el que se ubica. La Asociación de Comerciantes de Melilla (ACOME) calcula que hay entre 30 y 40 empresas de nuestra ciudad afectadas por este decreto y si finalmente se ven abocadas al cierre, supondrá que alrededor de 200 trabajadores, muchos de ellos de plantillas estables y consolidadas, irán al paro. En toda España se calcula que podría suponer "otro millón de personas" en el desempleo.
Futuro
El presidente de ACOME, Enrique Alcoba, lamentó en declaraciones a MELILLA HOY la situación que se está viviendo por este asunto en nuestra ciudad, fundamentalmente en el centro histórico, donde algunas de las empresas que tendrán que cerrar por el Decreto Boyer llevan ya tiempo con los carteles de liquidación colgados en sus escaparates. Es el caso de Garnica, y fue el de la mercería La Giralda, que ya cerró sus puertas para siempre hace varias semanas.
Alcoba explica que hay otros establecimientos comerciales emblemáticos al que el fin de la renta antigua les ha pillado de lleno, como Foto Imperio, Papelería La Española, Segundo Navarro, Coppelia, Joyería Caparrós y algunos de los establecimientos de hostelería de toda la vida asentados en el barrio de El Real.
Son solo algunos de los 60.000 comercios de toda España que se han visto afectados por la normativa que pone fin a la renta antigua por tener un contrato de arrendamiento anterior a 1985. Esos contratos, tal y como explicó a MELILLA HOY el secretario general de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Jerónimo Pérez, quedarán extinguidos hoy, último día de este año, quedándose sin actualizaciones que tengan como referencias porcentajes de la renta anterior. La ley obliga a realizar una negociación nueva, y eso dependerá de la expectativa de los propietarios de los inmuebles a la hora de alquilarlos.
La Avenida, una "fotocopia"
Alcoba explicó que si la subida es "excesiva" respecto a la renta que los comercios estaban pagando hasta ahora, la única salida que queda es cerrar o trasladarlo de lugar, como ya han decidido que harán algunas empresas emblemáticas a las que el Decreto Boyer ha dado de lleno.
En esos casos, el responsable de ACOME cree que los locales con una subida considerable terminarán siendo sede de franquicias, que "son las que pueden pagar" cantidades elevadas por el alquiler. Consecuencia: "La Avenida será una fotocopia de otros centros comerciales de calles principales, lo mismo que hay en todos los sitios", lamentó Alcoba para recordar que las grandes perjudicadas son las empresas de toda la vida, algunas de las cuales han pasado de generación a generación con plantillas muy estables que han mantenido incluso durante a crisis "haciendo verdaderos esfuerzos" por evitar despidos.
El fin de la renta antigua no afecta a todas las empresas por igual. Cada caso será diferente y la actualización del precio del alquiler dependerá de múltiples factores, como la fecha del contrato (si es antes o después de 1985), si el inquilino es persona física o jurídica, si el negocio ha sido sometido a traspasos o si ha habido subrogaciones, entre otras cuestiones.
En caso de desacuerdo que termine en desahucio, tendrán que ser los tribunales de justicia quienes lo solucionen, subraya Jerónimo Pérez, convencido de que la aplicación de este decreto ha dado lugar a "situaciones traumáticas" y de incertidumbre a lo largo de los últimos meses, en los que las empresas afectadas han tratado de llegar a acuerdos para evitar una mudanza o su final definitivo.
Nudo en la garganta
Eso ha dado lugar a una enorme preocupación en el sector, además de un "nudo en la garganta" porque como dijo el responsable de la CEME, afecta sobre todo a empresas mayores de Melilla. "Nos hemos criado pasando por delante de esos letreros, son empresas de mucha solera con trabajadores muy antiguos, pero eso no quita para que sea una circunstancia que todos conocíamos de hace mucho tiempo y la actividad empresarial hace que te tengas que acomodar a cada situación que se produce", comentó.
"También se puede dar la circunstancia de que dueños de locales estén dispuestos a hacer una actualización razonable y teniendo en cuenta que el inquilino lleva años pagando todos los meses porque es solvente, lo que supone también una garantía en unos tiempos en los que hay un montón de locales vacíos", señaló Jerónimo Pérez.
No obstante, y pese a que la CEME se muestra solidaria y está de parte de las empresas afectadas, también reconoce que las rentas tan bajas que se han producido durante años han provocado situaciones de edificios que se han ido deteriorando por abandono y falta de mantenimiento, precisamente porque sus dueños no ingresaban lo suficiente en el alquiler para afrontar esas tareas. Por eso Jerónimo Pérez cree que en estos casos hay que buscar "circunstancias de equilibrio".
Sin más moratoria
ACOME y CEME coinciden en que como organismos de representación empresarial nada pueden hacer ante esta "situación anunciada desde 1985" que, sin embargo, no ha tenido mayor trascendencia como ahora, cuando está a las puertas de terminar la moratoria concedida. Ni siquiera pueden ejercer como mediadores, habida cuenta que es una cuestión particular entre inquilino y propietario.
El papel de ambas entidades se puede limitar, por lo tanto, a asesorar a los empresarios que han tenido dudas en los últimos meses acerca de este tema, muchos de los cuales se han interesado por saber si el Gobierno aplicaría otra moratoria para evitar el perjuicio que se avecina al sector.
Finalmente esa moratoria que muchos han pedido incluso en las Cortes Generales no se ha producido. Según Enrique Alcoba, debería haberse dado esa opción y, de hecho, había cierta esperanza hasta hace unos meses para que miles de empresarios no se vean abocados al cierre de sus negocios. Más ahora en una situación como la actual, después de varios años de crisis económica que ahora se notan más en Melilla. "Esto es la puntilla. La moratoria era de 20 años y las previsiones había que haberlas hecho antes. Ahora con la crisis es difícil buscar otro local para seguir con la actividad empresarial", apunta Alcoba.
Por su parte, Jerónimo Pérez apunta que "aunque el decreto proviene del año 85, viene a ser una situación nueva porque el 1 de enero se notificará a las empresas que dejan de tener contratos vigentes". Los efectos de la normativa irán más allá de esa fecha, sobre todo en los casos de desacuerdo, que tendrán que llegar incluso a juicio más adelante mientras el comercio local y la economía melillense se recomponen de este nuevo revés.
