El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, encabezó ayer miércoles la delegación española en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, defendiendo ante 97 países la política social del Gobierno en áreas como la discapacidad, la infancia o la violencia de género y su gestión de las migraciones y el derecho de asilo. Uno de los temas que más atención había suscitado entre los 97 países participantes en esta sesión del EPU es la gestión de las migraciones y el asilo, especialmente tras conocerse la legalización prevista en España de la devolución de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla. Ybáñez, tras justificar la medida por la "extrema presión migratoria" en las ciudades autónomas, ha defendido que, en todo caso, se hará "en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución".
El EPU es un control periódico que realiza la ONU para velar por el cumplimiento en los distintos Estados de los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos. España, que se sometió a la prueba por primera vez en 2010, recibirá este viernes un informe con las conclusiones de su segunda evaluación y las recomendaciones que debe poner en marcha al respecto, que redactarán Sierra Leona, Reino Unido y Macedonia. Un total de 97 países han tomado la palabra y se han interesado por asuntos muy diversos, como la igualdad de género, las expulsiones sumarias de inmigrantes, las libertades en relación con el proyecto de ley de seguridad ciudadana, la protección de la infancia en situación de pobreza, los límites de la detención incomunicada que prevé el Código Penal o los derechos de las personas con discapacidad. La delegación española ha contestado por bloques en tres turnos de palabra. En el área de migraciones, además de también en el área de migraciones ha tenido que responder a la restricción de la asistencia sanitaria para personas en situación irregular. Tras un apunte en su primera intervención, ha cedido en la réplica la palabra al secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien ha defendido que la cobertura en este sentido es de las "mayores de toda" la Unión Europea, algo que, según ha dicho, ha sido "reconocido internacionalmente" ha tenido que responder a la restricción de la asistencia sanitaria para personas en situación irregular. Tras un apunte en su primera intervención, ha cedido en la réplica la palabra al secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien ha defendido que la cobertura en este sentido es de las "mayores de toda" la Unión Europea, algo que, según ha dicho, ha sido "reconocido internacionalmente".
Escoltado por representantes de los ministerios de Presidencia, Sanidad, Interior, Justicia, Educación, Economía y Hacienda, ha hecho especial mención en su introducción a las consecuencias de las políticas de austeridad adoptadas al hilo de la crisis económica, tras las preocupaciones expresadas por distintos países y las recomendaciones en particular, del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alertó del impacto de los recortes en la población vulnerable.
"Tenemos en cuenta los criterios establecidos por el Comité sobre la necesidad de que las medidas de ajuste sean en todo caso proporcionales, no regresivas, no discriminatorias, temporales y necesarias. Esto se ha cumplido cabalmente en España y el efecto positivo de las medidas adoptadas nos permiten vislumbrar un futuro más esperanzador que nos va a permitir dar un impulso a muchas de las políticas activas que se habían desarrollado en el pasado", ha asegurado. Otra de las recomendaciones de 2010 que suscitaban interés en este nuevo EPU eran las políticas de lucha contra la discriminación. El delegado español ha destacado "las mejoras de carácter institucional introducidas" desde entonces, como la creación de servicios especializados en todas las fiscalías provinciales, la elaboración de una estrategia estatal o la próxima puesta en marcha de un "mapa de la discriminación" que aporte más luz sobre la prevalencia de estos delitos. Asimismo, se ha referido al Plan Nacional de Derechos Humanos, que venció en 2012 y que aún no se ha renovado.
