De este modo, tal y como está presentado el artículo, el mero hecho de visitar de forma habitual de páginas de terroristas ya sería constitutivo de delito –castigado con penas de uno a ocho años– independientemente de que la consulta se hiciese sin afinidad ideológica en el marco de una investigación académica, periodista o policial. Es por ello que ya en el mismo borrador aparece una anotación en la que se llama la atención sobre la ausencia del elemento finalista , lo que indica que se procederá a su desarrollo en próximos borradores en función de las alternativas de la oposición. De hecho la redacción de algunos artículos, entre ellos este que afecta al adoctrinamiento pasivo, ha sido motivo de queja por parte de alguno de los grupos parlamentarios que ya han estudiado el texto. Así se lo han hecho llegar algunos diputados al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con quien se han reunido en el Congreso de los Diputados. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció el pasado 14 de enero que está dispuesto a matizar el nuevo delito de adiestramiento pasivo, porque no es lo mismo que sea un periodista o un policía quien visite de forma habitual una web yihadista, que el que lo haga otra persona. En ese caso, sería un juez quien decidiría qué pasa.
