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El Ejecutivo se compromete a plantar batalla al relato yihadista

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El Gobierno Central aprobó ayer un plan para luchar contra la radicalización violenta centrada especialmente en el terrorismo yihadista a través del cual se establece el marco de actuación para las instituciones públicas y diferentes colectivos de la sociedad civil. Entre otras medidas, el Ejecutivo se compromete a plantar batalla al relato yihadista difundiendo una contranarrativa a su mensaje violento, principalmente en Internet, y creará grupos locales en cada municipio para la rápida detección de posibles conflictos. Cada grupo local estará formado por representantes de la Policía Local, Policía Autonómica en su caso, Ayuntamiento, Juzgados, Centros Escolares, Asuntos Sociales, Entidades Sociales y Colectivos de Riesgo. Para facilitar los trabajos se ha diseñado un sistema específico de intercambio de información entre la Administración Local y la Central.

Los grupos locales se constituirán en comisión delegada específica en las juntas de seguridad que estará presidida y coordinada por un delegado de participación ciudadana que será un policía nacional o un guardia civil.

Actuaciones prioritarias
Por el momento, la puesta en marcha de este plan ya va a significar la adopción de una serie de medidas en 2015 como la identificación de la amenaza prioritaria y del colectivo de riesgo al que afecta con un diseño inmediato del primer estudio de campo a nivel nacional. También se va a elevar una propuesta de regulación y constitución de los grupos multisectoriales de lucha contra la radicalización violenta a nivel nacional y local, y/o provincial.

Además se va a elaborar un protocolo de colaboración entre el Ministerio del Interior y la FEMP. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado será el punto de contacto en el Ministerio del Interior para su interlocución con la FEMP. Se van a poner en marcha programas de formación integral sobre el fenómeno de la radicalización y el extremismo violento dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, órganos e instituciones de las Administraciones Públicas, colectivos vulnerables afectados y colectivos sociales, ONGs y entidades de asistencia.

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Redacción

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