La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto causa contra el presidente de Melilla y senador Juan José Imbroda, por entender que “resulta conveniente continuar la investigación” iniciada en la ciudad autónoma sobre un presunto delito de prevaricación cometida al contratar un abogado con fondos públicos. En el auto notificado ayer, el Alto Tribunal decide, de acuerdo con el criterio del fiscal, nombrar como instructor de la causa al magistrado Francisco Montenerde y que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla continúe con la investigación que afecta a los no aforados, entre ellos varios miembros del Gobierno local, que fueron imputados el pasado verano. El titular del Juzgado de Instrucción número de Melilla, Emilio Lamo Espinosa, envió el pasado 26 de agosto una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que veía indicios de un delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local. La Fiscalía sólo ve claro el primero de ellos.
En su exposición razonada, el juez Lamo de Espinosa señalaba que existen “indicios suficientes y concretos” de que el letrado Juan Jesús Olivares fue designado de manera directa por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla para la dirección técnica de diversos procedimientos correspondientes a despidos derivados de cooperativas de trabajo.
Este asunto fue directamente gestionado por la Consejería de Medio Ambiente, que en aquella época, abril de 2001, estaba en manos del socialista Rafael Hernández, uno de los integrantes del Gobierno de concentración que presidió de 2000 a 2003 Juan José Imbroda. De este Ejecutivo también formaba parte el actual presidente de Populares en Libertad (PPL), Ignacio Velázquez, como consejero de Presidencia hasta que fue inhabilitado por su doble condena por prevaricación.
La designación del abogado se habría realizado por medio del otorgamiento de un poder notarial “sin observar ninguno de los requisitos” exigidos en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones.
Aforado y no aforados
Por esta razón, el Tribunal Supremo cree “conveniente continuar con la investigación sobre estos hechos y sobre la participación de Juan José Imbroda”. Al ser éste aforado, el Alto Tribunal se declara competente para ello y por ello “procede acordar la apertura del correspondiente procedimiento, con el fin de que pueda ser oído el señor senador aforado”. Para ello, nombra como instructor a Francisco Montenerde.
Respecto al resto de personas que ya estaban imputadas por el Juzgado de Instrucción número 2 en el caso de los abogados externos, el Supremo señala que sólo procedería que fueran investigadas en dicho tribunal si se apreciara una “conexión material inescindible” con Imbroda, lo que a juicio de la Sala no ocurre, de momento, en este caso. Por ello, al no ser aforados, su investigación seguirá en manos del juez Lamo de Espinosa, “sin perjuicio de que se remita al Supremo todo aquello que renga relación con la persona aforada”.
“Indicios suficientes”
La Fiscalía informó favorablemente a la apertura de este procedimiento contra Imbroda el pasado mes de octubre ya que el alto tribunal es competente para investigar esta causa por la condición de aforado del senador y por entender que hay indicios “suficientes” para el esclarecimiento de unos hechos que presentan “apariencia delictiva”, constitutivas de “al menos” un delito de prevaricación, “sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales”.
La procuradora de Imbroda, Blanca Murillo de la Cuadra, presentó en septiembre un escrito ante el Supremo para adjuntar “diversa documentación” y pidiendo la personación de Imbroda en esta causa, algo que ya había pedido sin éxito el presidente melillense ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.
En noviembre, una vez que la Fiscalía había informado favorablemente de la apertura del procedimiento, la procuradora presentó dos escritos en nombre de Imbroda y más documentación, entre la que podría encontrarse los “papeles” que el mandatario local dijo en verano que había intentado presentar al juez Lamo de Espinosa sin conseguirlo. Se trataba concretamente de cinco informes elaborados por técnicos de la Ciudad Autónoma, entre ellos los del secretario general de la Asamblea, el jefe de los servicios jurídicos y los servicios jurídicos laborales, así como del consejero de Medio Ambiente en 2001, el socialista Rafael Hernández.
