El Gobierno, en una respuesta publicada ayer en el Boletín de las Cortes, defendió la legalidad de los “rechazos en frontera”, como denominó a “las actuaciones de control fronterizo efectuadas en Ceuta y Melilla”. Este “nombre propio” a lo que se ha conocido popularmente como 'devoluciones en caliente' “se despeja cualquier eventual confusión respecto a las otras figuras ya previstas en la ley de Extranjería, como son la denegación de entrada, devolución y expulsión”. El Ejecutivo afirmó en su respuesta que “los rechazos en frontera cumplen escrupulosamente con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, y con la obligación que asiste a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de proteger nuestras fronteras, todo ello con las máximas garantías de protección y respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes”.
Además, se trata de “una medida de compulsión para hacer frente a quienes, ilegalmente, pretenden vulnerar la frontera de un Estado”. En este sentido, el Gobierno explica que “no es un procedimiento administrativo sino fáctico; previo a la inadmisión, a la devolución o a la expulsión”. “No se trata de promover la salida de quienes han entrado ilegalmente sino de evitar la entrada de centenares de inmigrantes que pretenden vulnerar en grupo, de forma ilegal y en la mayor parte de los casos violenta el perímetro fronterizo”, agregó.
En este sentido, la respuesta parlamentaria es clara al afirmar que “un Estado no puede asistir impasible a actos que constituyen claras vulneraciones de la legalidad y, por extensión, de la legalidad europea. A España y a cualquier Estado de la Unión Europea sólo puede accederse válidamente a través de los pasos habilitados”.
