El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, regresó ayer a Melilla después de que se diera a conocer públicamente que el Tribunal Supremo le va a investigar por un presunto delito de prevaricación por la contratación de un abogado externo en 2001. Nada más aterrizar, compareció ante los medios para reiterar su inocencia, como ya había hecho el jueves en Ceuta, aunque ayer dio más explicaciones escudándose en los diferentes informes técnicos con los que cuenta, incluida una firma notarial. Pero sobre todo, destacó “la buena fe que está encima de la mesa nítida y claramente” en la gestión que ha llevado a cabo como máximo responsable del Gobierno local desde el año 2000. Imbroda explicó que en esos informes se basará su declaración ante el Tribunal Supremo cuando lo citen a declarar, algo que pidió que ocurra “con la máxima celeridad posible”. Así, ayer fue presentado ante el Alto Tribunal un escrito en su nombre para informar de que no iba a formular un recurso de súplica como tenía derecho a hacer, ya que su deseo es el de “ser oído” ante un juez y “colaborar para el total esclarecimiento de los hechos que han motivado esta causa especial”.
Según dijo el mandatario local, está “deseando” ser citado en el Supremo, cuanto antes mejor, para “poder hablar”. “Hasta ahora no he podido”, lamentó refiriéndose a la negativa del Juzgado de Instrucción número 2 a su petición de personarse en el caso y aportar documentación. Para allanar el camino, Imbroda afirmó que no era necesario que el Supremo pidiera un suplicatorio en el Senado para llamarlo a declarar, ya que con ese escrito mostraba su voluntad expresa de comparecer.
Cuando eso ocurra, acudirá a sede judicial con los documentos que, según dijo, demuestran que el interventor del Estado se equivocó por partida doble en el informe pericial elaborado para la instrucción de este caso: una, al decir que la contratación del abogado debería haberse realizado mediante concurso de adjudicación por haber superado los cinco años de duración. Y dos, por asegurar que Imbroda era el ordenador de pago.
Los errores del interventor
Sobre la primera, Imbroda aseveró que ese requisito de los cinco años no se puede aplicar a la hora de encargar un trabajo a un abogado, ya que no existe un plazo definido como pudiera haber en otros proyectos. “Un asunto judicial nadie puede prever que sean más de cinco años”, argumentó el presidente melillense al recordar que un procedimiento puede durar meses o prolongarse más tiempo si se recurre en siguientes instancias.
El segundo error que, según Imbroda, cometió el interventor del Estado, parte de que se le haya considerado como ordenador de pago al haber delegado las competencias en el consejero de Hacienda. “Se equivoca clara y meridianamente”, dijo el mandatario local, que cuenta con un informe del interventor de la Ciudad Autónoma en el que se asegura que “sin el documento contable de ordenación de pago es formal y materialmente imposible satisfacer con cualquier tercer las obligaciones contraídas”.
Con esta premisa, estipulada en el Real Decreto 500/90, Imbroda dejó claro que aunque sea el presidente de la Ciudad Autónoma, no puede por sí mismo acudir a la Caja y ordenar que se pague un servicio o una adquisición de la institución. Para ello, hay que pasar por toda una cadena en la que den el visto bueno diferentes técnicos, el consejero del área, el interventor y el depositario.
Lo mismo se hizo en el caso de la contratación del abogado Juan Jesús Olivares, y “en ninguno de los documentos de ordenación de pago figura la firma del presidente”, dado que están suscritos “por el órgano competente”. El letrado pasó varias minutas a la Ciudad Autónoma con una tarifa que era la mitad de la autorizada por el Colegio de Abogados, al tiempo que los autos que se iban produciendo de los casos de las cooperativas de trabajo, que fue para lo que se le contrató, iban pasando por el Consejo de Gobierno para que tuviera conocimiento.
Los poderes notariales
Todo está reflejado “en el informe del interventor de Melilla que estoy deseando mostrar y hablar” ante el Tribunal Supremo, reconoció Imbroda, para quien existe otro error en todo este asunto al señalarlo a él como quien contrató al abogado al darle los poderes notariales.
Sobre esta cuestión, Imbroda explicó que es la consejería correspondiente la que envía la minuta a la Notaría, desde donde citan al presidente de la Ciudad Autónoma para que firme los poderes en un día concreto. Aquel 27 de abril de 2001, día en que firmó el poder notarial sobre el abogado Juan Jesús Olivares, también firmó otros tantos para procuradores de Granada, Madrid, Málaga, Sevilla y Melilla. Sin embargo, la investigación judicial “se ha fijado en éste nada más”, apuntó Imbroda tras dejar claro que él firma los poderes actuando “de muy buena fe” y que eso no significa que esté contratando a nadie.
A su juicio, el hecho de que esté firmado por un notario demuestra la legalidad del proceso. “Si el notario ve que esto es una irregularidad, lo para. Pero lo ha visto y dice que tiene las capacidades necesarias para otorgar la presente escritura”, aseveró.
La misma teoría aplicó en lo que concierne al procedimiento administrativo que se siguió en la Ciudad Autónoma, donde “nadie en ningún momento” le advirtió de que se estaría incurriendo en una ilegalidad, a pesar de que el asunto pasó por secretarios técnicos, por el interventor y el depositario. Profesionales, en definitiva, conocedores del Derecho Administrativo que él, como gestor, no tiene por qué “saberlo” en su totalidad porque si no “sobrarían los técnicos”.
Buena fe
“Si es irregular administrativamente esa forma de contratación, lo lamento mucho, pero en la Ciudad Autónoma nadie ha dicho nunca que esto sea irregular”, dijo Imbroda, para quien es lógico además pagar la minuta a un abogado que ha hecho su trabajo.
“Ésta es la historia, no hay más”, resumió Imbroda dejando claro que en este asunto “nadie se ha llevado un euro ni nada de nada”. Para demostrarlo, insistió en que él no gana nada de esto: “¿por qué iba a perjudicarme? No tengo interés en fustigarme a mí mismo”.
Además, aseveró que en la Ciudad Autónoma se han contratado desde hace años profesionales externos. En el caso de los abogados, se hace desde los años 70, aplicando para ello la Ley de Contrato Civil que los servicios jurídicos de la institución han defendido siempre por escrito.
Por todo ello, consideró que en un informe pericial como el del interventor del Estado, hay que tener “cuidado a la hora de escribir muy rotundamente actuaciones que se pueden discutir”, ya que de lo contrario “vienen situaciones como la que me veo inmerso en estos momentos”, investigado por el Supremo por un presunto delito de prevaricación.
Al hilo, recordó que en la exposición razonada que envió el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla se pedía investigar presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y prevaricación administrativa. El Supremo alude en el auto únicamente a este último, de modo que Imbroda dijo no saber si los otros dos “se han caído por el camino”.
“Creo en la Justicia”
No obstante, recordó que para condenar a alguien por prevaricación, deben haber certificados técnicos en los que se exponga el “componente fortísimo de mala fe, dolo y conocimiento”, algo que insistió que no ha ocurrido en su caso. “Si eso es delictivo, que a lo mejor, en ningún momento he sido consciente de que esto podía ser delictivo, ni una milésima de segundo”, agregó Imbroda asegurando que tiene “las manos limpias”.
