Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha vuelto a insistir en el Congreso de los Diputados, a través de una moción, en la necesidad de suprimir de nuestro sistema el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno. Así, su portavoz y líder Rosa Díez, ha manifestado que el aforamiento es un “privilegio para los políticos, además de una anomalía, ya que altera las reglas de la competencia judicial penal”. Al hilo de esta petición, el coordinador territorial de UPyD en Melilla, Emilio Guerra, se refirió a “la situación jurídica y procesal” en que se encuentra “buena parte del Gobierno del Partido Popular melillense”, que consideró “muy grave”. En este sentido, consideró que “por higiene democrática, además de por respeto a sus electores, hace tiempo que tendrían que haber dimitido muchos de ellos”.
Guerra, comentó el reciente auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde se abre la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, en su condición de aforado, ante la imputación de un posible delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal. El dirigente magenta local opinó que “aunque tarde, y finalmente en el Supremo, ha llegado el momento de que el alcalde explique en sede judicial unas supuestas irregularidades que pueden ser constitutivas de delito”.
UPyD defiende que para acabar con el aforamiento también resulta “útil” comparar a España con el entorno. “España es, en este sentido, anómala, ya que en Reino Unido y Alemania no existe el aforamiento político; en Portugal e Italia solo hay un aforado; y en Francia, diez. Mientras, aquí somos más de 10.000”, denunció la formación.
