La decisión de la Audiencia Nacional de levantar el pasado viernes la suspensión cautelar que pesaba sobre el contrato marítimo de Melilla supuso ayer varios movimientos en torno a esta polémica. Por un lado, la Dirección General de la Marina Mercante publicó ayer en la plataforma de Contratación del Estado la reanudación del procedimiento de adjudicación sin más dilación. Por otro, el Gobierno local expresó su satisfacción por esta resolución de la Audiencia Nacional y se mostró dispuesto a ayudar para que la línea marítima Melilla-Motril se mantenga, aunque puso como condiciones que sea una vez que el contrato marítimo se adjudique y siempre que la Junta de Andalucía también se implique. El portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, volvió a tender ayer la mano del Gobierno local para contribuir a que esa línea siga existiendo ante el temor que hay en Motril de que vaya a desaparecer por la mejora sustancial que van a experimentar las conexiones de Almería y Málaga con el contrato marítimo.
Conesa dijo que el Gobierno local está dispuesto a buscar las fórmulas legales que sean necesarias para ayudar a esa línea, pero siempre que se cumplan dos premisas: una, que se haga después de la adjudicación del contrato marítimo. Y dos, que la Junta de Andalucía, de la que depende el puerto motrileño, también se implique.
No obstante, el portavoz recordó que la empresa que opera esta línea marítima entre Melilla y Motril, Naviera Armas, aún “no ha dicho nada” respecto a “si se va a ir o se vaya a quedar”. Asimismo, como ya hizo otras veces anteriores, negó que sea posible declarar la línea de interés público, como reclaman en Motril y algunos partidos de la oposición de Melilla, porque precisamente está ya cubierta por una empresa privada.
Conesa también negó que la solución pase por destinar a la línea de Motril el dinero que sobre en la adjudicación del contrato marítimo de las líneas de Málaga y Almería, como defendió el PSOE la semana pasada “en un alarde de decir la chorrada más gorda”. De este modo, el portavoz de la Ciudad Autónoma reprobó la actitud del PSOE, que “pretende lavar su conciencia ante el pésimo contrato marítimo que nos dejó y que ahora se va a solucionar”.
El portavoz insistió en que de llevarse a cabo la propuesta del PSOE, se podría correr el riesgo de que desaparezcan todas las líneas públicas por hacer “cosas ilegales”. En este sentido, recordó que el contrato marítimo es “fundamental para el desarrollo social y económico de Melilla” pero si además dejaran de estar subvencionadas las líneas de Málaga y Almería como pretenden en Motril, precisamente también saldrían perjudicados en el municipio granadino, habida cuenta de que las conexiones de interés público son “las más apetecibles” para los pasajeros, lo que podría atraer a la Naviera Armas en caso de que hubiera un libre mercado en ellas.
Ruego a Motril
Según Conesa, la desestimación de la medida cautelarísima solicitada por la plataforma motrileña deja “el camino más o menos despejado” para la adjudicación del contrato marítimo de Melilla, por lo que lanzó “un ruego” a “los señores de Motril” para que no sigan presentando recursos como han hecho ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales primero, y la Audiencia Nacional después.
El también consejero de Economía lamentó que la actitud de la plataforma motrileña “perjudica gravemente los intereses de Melilla” y el derecho de sus habitantes a tener garantizadas sus conexiones con la península. De hecho, recordó que esta postura también era defendida por el Tribunal Administrativo en su resolución, disponible en Internet, en la que “destroza los argumentos” esgrimidos desde Motril.
Por un lado, este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se niega la legitimación de la plataforma empresarial, institucional y social de Motril para presentar su recurso. Por otro, asevera que el motivo alegado por ésta “no deja de ser mera especulación”, dado que el temor de que desaparezca la línea marítima no está basado en ningún anuncio de la empresa que la opera. De hecho, ni siquiera la Naviera Armas compareció ante el Tribunal para presentar alegación alguna, como sí hizo Baleària, que se opuso a que fuera admitido el recurso motrileño que paralizaba la adjudicación del contrato marítimo.
Buenas ofertas técnicas
Una vez que la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de Motril, sigue adelante el procedimiento administrativo en la Marina Mercante para licitar el contrato marítimo, en el que Conesa destacó que se ha conseguido implicar a las tres navieras interesadas, Trasmediterránea, Armas y Baleària, en el objetivo de dar un salto de calidad en las comunicaciones marítimas entre Melilla y la península.
Sin embargo, queda por salvar un último escollo, y es la valoración económica de tres ofertas muy bajas respecto a los 25 millones de euros establecidos como precio de licitación para los dos años de duración del contrato. Trasmediterránea ha presentado una oferta de 7,6 millones de euros para los dos años, mientras que la de Baleària es de 14,1 millones y la de Naviera Armas, de 17.
Marina Mercante pedirá a las tres empresas que presenten informes justificativos para ver si con ese presupuesto podrían cumplir las exigencias del pliego, al ser consideradas algunas de ellas “muy desproporcionadas”. Especialmente la de Trasmediterránea, que “no tiene mucho sentido”, habida cuenta que está por debajo de la mitad del presupuesto de 15,4 millones de euros que se había destinado para los dos primeros pliegos, que se quedaron desiertos.
Críticas de NNGG al PSOE
La presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG), Sofía Acedo, también se refirió a la polémica del contrato marítimo y pidió a la candidata socialista, Gloria Rojas, que deje de hablar de este asunto porque “es esperpéntico que defienda los intereses de Motril en detrimento de los de Melilla”, máxime cuando recordó que el PSOE es “el responsable” del contrato que está vigente.
