El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y resolver esta papeleta ocasionada por unos errores ajenos a los opositores que aprobaron y que ya se encontraban trabajando en la Policía Local. Es lo menos que se puede hacer porque estamos ante un caso de Justicia, cuya única salida es evitar que haya afectados por un error que les es completamente ajeno porque incluso alguno de ellos renunciaron a trabajos y puestos en la administración cuando entraron en este cuerpo policial, como para ahora verse sin nada cuatro años despu Las oposiciones a la Policía Local celebradas entre 2010 y 2011 han estado marcadas por la polémica, hasta el punto de que primero se vieron perjudicados dos los aspirantes tras ser excluidos del test psicotécnico y ahora pueden verse perjudicado otros dos aspirantes que lograron la plaza y llevan cuatro años trabajando como agentes, después de que la Justicia haya echado para atrás esa primera exclusión. Todo ello ha llevado a variar la clasificación de ganadores de las plazas para este cuerpo de seguridad, por culpa de unos errores administrativos que pueden acabar con las ilusiones de dos jóvenes que ya estaban dentro de esta institución y que sin comérselo, ni bebérselo, podrían ser los grandes damnificados de unos fallos que no han cometido ellos.
Por eso nos parece correcta la decisión de la Consejería de de Administrativas Públicas de estudiar cómo resolver este conflicto y que ninguno de los aspirantes que ya están en el cuerpo se vean perjudicados, ni los dos policías locales a los que la Justicia les ha dado la razón, ni los dos que ya estaban dentro del cuerpo a plena satisfacción de sus jefes y compañeros, como demuestran las muestras de adhesión y de solidaridad que han ido recibiendo desde que el sábado se conociera la publicación del fallo judicial en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).
La Ciudad Autónoma está obligada a buscar una solución satisfactoria para arreglar este entuerto que no puede recaer en los hombros de dos jóvenes que pusieron todo su empeño y saber por alcanzar estas plazas dentro de la administración y que después de cuatro años trabajado como agentes de la Policía Local, con la consiguiente inversión realizada para su formación y empleo, se puedan ver de la noche a la mañana en la calle.
Sería una injusticia que no se puede dar. Ahora todos están a la espera de lo que determine el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla. Parece lógico que tanto unos como otros sigan en la Policía Local porque todos ellos ya han demostrado su valía para ocupar los puestos que ocupan. Y evitar que un error administrativo pueda causar un daño que sería irreparable, no sólo para los afectados, sino también para sus familias, que verían rotos así sus sueños.
El Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y resolver esta papeleta ocasionada por unos errores ajenos a los opositores que aprobaron y que ya se encontraban trabajando en la Policía Local. Es lo menos que se puede hacer porque estamos ante un caso de Justicia, cuya única salida es evitar que haya afectados por un error que les es completamente ajeno porque incluso alguno de ellos renunciaron a trabajos y puestos en la administración cuando entraron en este cuerpo policial, como para ahora verse sin nada cuatro años después. Eso sería imperdonable.
