El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha decidido sacar tres piezas separadas del llamado "Caso Ópera", porque el que se investigan una supuesta irregularidad en la concesión de contratos menores por la Ciudad Autónoma, según han informado a MELILLA HOY fuentes judiciales. Estas tres piezas se refieren en un caso a la Viceconsejería de Festejos, en un segundo a la empresa Himosa y en un tercero a la también empresa Eulen, porque dada la envergadura de las mismas, tendrán su propio procedimiento judicial. Las piezas separadas cuya apertura se ha acordado, se inician con testimonio de una resolución de fecha 13 de febrero. Asimismo, al partir del tronco común que es el procedimiento en el que aún se encuentran, como es la llamada "Operación Ópera”, se unirá testimonio en soporte digital de lo actuado hasta el momento. En adelante, todas las actuaciones, de la clase que sean, directamente relacionadas con este proceso se unirán exclusivamente a estas piezas separadas.
Asimismo, según los autos a los que ha tenido acceso este periódico, la necesidad de acomodar la tramitación de la pieza separada, una vez abierta, al programa informático común a los órganos jurisdiccionales de nuestra ciudad, "obliga a registrarla como procedimiento penal independiente, con número propio y diferente de este en el que nos encontramos".
El Juzgado de Instrucción número 4 recuerda que la instrucción se inició para la investigación de un presunto delito de falsedad documental relacionado con la contratación administrativa, luego extendida a presuntos delitos de exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias.
El objeto de la investigación seguida en esta causa penal se concreta en esclarecer las presuntas actuaciones irregulares, presumiblemente constitutivas de los referidos delitos, de determinados órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en la contratación pública, las cuales afectarían tanto a la contratación menor, dando lugar al fraccionamiento de los importes abonados por obras o servicios, a fin de eludir la contratación mediante concurso, como a la contratación mediante concursos públicos en los que se habría llevado a cabo una concertación previa entre responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la Administración para determinar el resultado del concurso. Todo ello, añade la citada fuente, con la connivencia entre las personas físicas o jurídicas encartadas y los responsables de las Administraciones públicas contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios recíprocos, en perjuicio del erario público.
Inicialmente, añade, la investigación se centró en la contratación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la sociedad Construcciones y Reformas el Porvenir, perteneciente a Abdelkader Kasem Abdelkader, implicado en las diligencias previas 1947/2009, y cuya declaración en este procedimiento, junto con las irregularidades constatadas en la contabilidad de dicha sociedad, fue determinante para la deducción del testimonio origen de esta causa. En este aspecto, el objeto de la investigación se centró, en un principio, en la llamada contratación menor, esto es, la adjudicación directa de contratos cuyo montante económico se fraccionaba para no rebasar las cuantías establecidas por la Legislación especial de contratación pública, 18.000 euros tratándose de servicios y 50.000 euros respecto de las obras. Las sucesivas diligencias acordadas judicialmente y llevadas a cabo por la Policía Judicial, se concretaron en distintas líneas de investigación centradas, por un lado, en la contratación pública con una o varias empresas determinadas, y, por otro lado, en el análisis patrimonial de los implicados, especialmente los responsables públicos.
En particular, y en el estado actual de esta causa penal, el Juzgado de Instrucción número 4 señala que resulta factible establecer como objeto procesal propio y diferenciado el que se refiere a las posibles irregularidades en la contratación pública en el seno de la Viceconsejería de Festejos, por cuanto pudieran constituir los citados presuntos delitos.
También toma esta decisión, por lo que se refiere a la contratación pública por parte de la Administración autonómica o de sus empresas públicas, con las empresas Himosa por un lado y Eulen por otro, en particular, Eulen Seguridad S.A., Eulen S.A. y Formación Total en Seguridad S.L.U.
