La defensa de Gregorio Castillo recurrirá la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla de imponer a su cliente la obligación de firmar cada mes, algo que ya ha logrado con otras personas que fueron imputadas en la llamada "Operación Ópera", como los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, a los que finalmente se les eximió de tener que realizar este engorroso trámite. El abogado de Castillo toma esta decisión después de que su defendido fuera puesto ayer miércoles en libertad, tras su detenido el martes por la Guardia Civil por su presunta participación en amaños de contratos públicos, según han informado a MELILLA HOY fuentes judiciales.
El 'número dos' de la Consejería de Seguridad Ciudadana, tras prestar durante dos días declaración ante la Guardia Civil y pasar una noche en dependencias de la Comandancia del Instituto Armado, fue puesto el miércoles a disposición judicial ante el juez que está encargado del caso, el magistrado Francisco Ramírez Peinado.
Tras tomarle declaración durante toda la tarde, por la noche decretaba su puesta en libertad con cargos, acusado de la presunta comisión de un delito de prevaricación y con la obligación de firmar en los juzgados de Melilla una vez al mes, han indicado las citadas fuentes.
Gregorio Castillo fue detenido en el transcurso de la llamada "Operación Tosca", una intervención por la que el martes se detuvieron a 15 personas entre Melilla, Málaga, Madrid y Gran Canaria -diez de ellos en nuestra ciudad- por su presunta relación con varios presuntos delitos contra la Administración Pública.
La defensa de Gregorio Castillo defiende su inocencia, sostiene que no ha cometido ninguna ilegalidad y que lo único que ha podido hacer, ese cometer unos errores administrativos, pero siempre desde una dedicación al servicio público de todos los ciudadanos. Por tanto rechaza que haya podido cometer un delito de prevaricación y considera que no se le puede obligar a firmar cada mes en el Juzgado.
