El secretario general de UGT-Melilla, Alonso Díaz, manifestó ayer, con motivo de la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y del derecho de huelga, que el Gobierno de Rajoy sigue atacando a las libertades y que lejos de derogar el artículo 315.3 del Código Penal que contempla penas de hasta seis años de cárcel, tal y como se había comprometido el exministro Gallardón, "ahora resulta que quiere dar marcha atrás y mantenerlo". Díaz ha explicado que este artículo del Código Penal tiene su origen en el artículo 496 del anterior de la etapa franquista que funcionó hasta 1976 justo en medio de la transición política "en la que inicialmente se buscó la intimidación de las organizaciones sindicales que aún no había sido legalizadas, así como de los trabajadores más activamente comprometidos con ellas y especialmente reivindicativos". "Si bien es cierto que nada ha cambiado en este precepto, también hay que decir que en los últimos 35 años ningún gobierno había hecho uso de este artículo, hasta la llegada al poder de Mariano Rajoy y su mayoría absoluta" ha criticado el sindicalista. Para el secretario general de UGT Melilla, "con la puesta en marcha de la reforma laboral han optado por criminalizar a los piquetes informativos que no son más que instrumentos de difusión y publicidad de la huelga". Díaz ha recordado que los piquetes están avalados y reconocidos constitucionalmente por el propio tribunal constitucional y ha declarado que tiene funciones de propaganda o persuasión para que los trabajadores se sumen a las huelgas o de disuasión para los que hayan optado por continuar trabajando y forma parte del contenido esencial del derecho de huelga.
UGT denuncia que bajo el paraguas actual del gobierno, "se ha iniciado una guerra sin cuartel contra los trabajadores y representantes sindicales: 300 trabajadores representantes legales, afiliados a los sindicatos, simpatizantes y personas comprometidas están siendo procesados por haber ejercido su derecho fundamental, el derecho de huelga y se enfrentan a más de 125 años de cárcel que les solicitan".
Alonso Díaz ha rechazado la conducta del gobierno y ha manifestado que "en una democracia ni los representantes sindicales, ni los trabajadores, ni los simpatizantes, ni los afiliados, ni a nadie se le mete en la cárcel por ejercer el derecho de huelga". Díaz ha denunciado que no solo hay 300 trabajadores acusados, sino que nos encontramos todos amenazados, es la clase trabajadora en su conjunto la que está amenazada, dado que el derecho de huelga es un derecho constitucional. Hoy el derecho de reunión, de manifestación están en peligro, criminalizarlo supone convertir el conflicto social y laboral en un conflicto de orden público. Por último ha exigido al Gobierno del PP la derogación del apartado tercero del artículo 315 del Código Penal, la retirada del Proyecto de reforma del Código Penal y la modificación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
