Llueve sobre mojado para la Guardia Civil, a la que nuevamente se cuestiona una labor muy sensible y compleja en la que poca o ninguna ayuda reciben. Tampoco, por lo pronto, de la Justicia, que aunque debe velar por el cumplimiento de la legalidad, parece atender con más dedicación las denuncias de las ONG que el hecho evidente de que quien pretende entrar a las bravas saltando una frontera tampoco está cumpliendo 100% las leyes españolas y europeas Aún es difícil hacer cábalas de lo que puede suponer la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 respecto a la imputación de 8 guardias civiles por su actuación en el perímetro fronterizo para evitar un intento de entrada el 15 de octubre de 2014. Una decisión, por cierto, que no es nueva porque la semana pasada otros 16 integrantes de este cuerpo también pasaban a tener la misma situación jurídica por su actuación en la tragedia del Tarajal, en Ceuta.
Llueve sobre mojado para la Guardia Civil, a la que nuevamente se cuestiona una labor muy sensible y compleja en la que poca o ninguna ayuda reciben. Tampoco, por lo pronto, de la Justicia, que aunque debe velar por el cumplimiento de la legalidad, parece atender con más dedicación las denuncias de las organizaciones no gubernamentales que el hecho evidente de que quien pretende entrar a las bravas saltando una frontera tampoco está cumpliendo 100% las leyes españolas y europeas.
La imputación de los guardias civiles causó ayer asombro e indignación entre muchos melillenses que, ayudándose de las redes sociales, expresaban su apoyo a la Guardia Civil, sometida a una intensa presión desde hace varios años, sobre todo por parte de determinadas ONG's que parecen tomarse la valla como un juego basado en denuncias para que la rueda de la inmigración ilegal siga girando. Esas ONG's ya están consiguiendo ese objetivo, que únicamente da beneficios a las mafias que trafican con el drama, y que ahora se sentirán, sin duda, más fuertes con la imputación de aquellos que tienen encargada la misión de defender nuestras fronteras.
Ya hemos visto que este tipo de decisiones únicamente han conllevado a que la presión de la inmigración ilegal sobre la valla no decrezca como Melilla está reclamando por su tranquilidad, seguridad y estabilidad. Hay que dejar actuar a la Justicia, pero esta también debería tener en cuenta estos factores cuando se encuentre con determinadas denuncias como las que presentan ONG's que, curiosamente, siempre están con la cámara preparada desde el principio del salto y siempre saben los movimientos que hay al otro lado. No hay más que ver lo que hace PRODEIN, que llegó a decir que el inmigrante que aparece en el vídeo por el que han sido imputados los 8 guardias civiles perdió un riñón. Luego se desdijo culpando a la prensa de haberlo malinterpretado. No parece lógico que no pesen en la balanza de la Justicia ese desliz verbal y la multitud de vídeos que también reflejan la violencia con la que los inmigrantes actuaron en aquel salto. De momento estamos hablando de una imputación, que no es igual a condena. A ver si las ONG's también tienen esto en cuenta.
