El Senado, por aplastante mayoría, dio luz verde al proyecto de ley orgánica de estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla. El texto consensuado por pesoístas y populares contó con el apoyo explícito de los nacionalistas catalanes y canarios, la abstención del PNV y el voto en contra de Izquierda Unida.
Por otro lado, el comandante juez togado militar investigaba por aquellas fechas si Rafael Hernández Soler había incurrido en algún tipo de responsabilidad administrativa o penal, al no declarar presuntamente en su centro de trabajo casi cuatro millones y medio de pesetas percibidas en su calidad de concejal y que, según el convenio del personal civil del Ministerio de Defensa, deberían haber sido descontadas de su nómina.