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El Torreón del Vigía

Tasas derogadas

melillahoy.cibeles.net fotos 1133 Angel Gil

El anuncio que, en pleno debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno nos hizo llegar sobre la derogación de las Tasas Judiciales va ha suponer no solo un alivio para el bolsillo sino el triunfo de la tesis que el Consejo General de la Abogacía y los ochenta y tres Colegios de Abogados de España hemos venido defendiendo desde hace dos años contra otro nuevo sistema impositivo que ha ingresado en las arcas del Estado seiscientos quince millones de euros, pero que fundamentalmente limitaba el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. La presión social que ha unido, como nunca había ocurrido en España, además a Asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, grupos parlamentarios, organizaciones de consumidores y la propia Defensora del Pueblo, ha supuesto una llamada de atención al Gobierno, que con la implantación de estas Tasas ha cometido uno de los errores mas graves de la Legislatura pero mas aún con su postura intransigente y de nulo dialogo con la abogacía española y el resto de personas que prestan sus servicios en la Administración de Justicia. Según una encuesta el ochenta y tres por ciento de los españoles consideraron injustificadas las Tasas. Contra ellas se han presentado cinco recursos de inconstitucionalidad, dos modificaciones, una advertencia del Tribunal Supremo que han reforzado el rechazo unánime a lo que siempre fue tachado de precipitado, innecesario y desproporcionado. Lo que el ciudadano ha tenido que pagar por acceder a la Justicia ha oscilado entre los cien y los mil doscientos euros, en función de las jurisdicciones (Civil, Contencioso y Social), del procedimiento y de la cuantía del pleito. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido que no es capaz de valorar como ha sido el impacto de las Tasas en la disminución de la litigiosidad porque junto a este tributo han podido influir otros factores, como la crisis económica. El motivo por el cual la abogacía se ha opuesto a las Tasas Judiciales es porque se ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva, materializándose una injusta barrera para el acceso a la Justicia, como efecto disuasorio, que ha sido reconocido por quienes a diario forman parte de esa Administración o son profesionales que ejercen su trabajo ante ella y que en cambio no se les ha tenido en cuenta. Francia se adelantó a su derogación que ahora acaba de ocurrir en España, al invocar como razón suprema “no penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia”. Por su propia esencia, la Justicia no se puede impartir contra los ciudadanos o estableciendo cortapisas para que estos no puedan ejercer los derechos que les corresponden. El Pacto de Estado por la Justicia, como viene siendo demandado por la abogacía española supondría la aportación de ideas y la solución de una vez por todas de una parte de la administración que sigue siendo lenta. El Colegio de Abogados de Melilla, como el resto, se ha movilizado contra el No a las Tasas logrando la unidad frente a lo injusto que ahora se ha reconocido como tal. Mil días han pasado desde que nos opusimos a ellas con la satisfacción de haber logrado tumbarlas como un nuevo servicio a esta sociedad y a todos y cada uno de sus ciudadanos.

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