Antes de su regreso a Melilla, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, aseguró que en su decisión de contratar a un abogado le había guiado, “como siempre”, su defensa por los intereses de la ciudad, hasta tal punto que gracias al trabajo de este letrado, la Ciudad Autónoma logró ahorrar a las arcas municipales 45 millones de euros en un periodo de 15 años.
Imbroda dijo que no sabe si él y su equipo de trabajo en la Ciudad Autónoma cometieron un error en la contratación de un abogado externo, cuestión por la que está imputado por presunta prevaricación, aunque si fuera así puntualizó que “fue de buena fe”.
Imbroda insistió en que el asunto que está investigando el Tribunal Supremo es “un problema administrativo puro y duro”, que no está relacionado “con desviación de dinero ni malversación de fondos”, y en el que “en ningún momento hubo mala voluntad de hacer algo que fuera contra la ciudad”.
“Al revés”, puntualizó Imbroda ha asegurar que gracias a la contratación de este abogado externo para defender a la Ciudad Autónoma de un problema social relacionado con unas cooperativas, se consiguió que “lo que era un mal mayor” fuera finalmente “un mal menor”.
En concreto, informó de que la Administración pública melillense se ahorró en 15 años alrededor de 45 millones de euros debido a este problema judicial en el que estuvo trabajando el abogado contratado, por lo que Imbroda cree evidente que lo que ha hecho ha sido defender los intereses de Melilla, “en aquellos momentos y siempre”.
“Y si hay algún problema administrativo, ya nos lo dirán, pero la buena fe siempre ha estado encima de la mesa”, especificó Imbroda antes de señalar, además, que sus decisiones fueron tomadas con base en unos informes técnicos de altos responsables de la Ciudad Autónoma, entre ellos el interventor y el secretario general.
En cualquier caso, dejó claro que está “a resultas de lo que diga la Justicia”, en la que reiteró su confianza “total y plena”, y aseguró que tiene la conciencia tranquila, tanto antes de entrar a declarar en el Tribunal Supremo como después.
Tras su declaración, dijo que “el Tribunal Supremo decidirá lo que tenga que hacer, si tiene que seguir adelante o tiene que archivar este asunto”, y recordó su predisposición a colaborar con el alto tribunal para aclarar “todos aquellos extremos que quisiera” en lugar de recurrir.
De hecho, explicó que eso es lo que hizo ayer en su comparecencia ante el magistrado Francisco Monterde, en la que estuvo “declarando, aclarando más bien, todos aquellos extremos” que quisiera el Tribunal Supremo relacionados con la contratación de un abogado en 2001.
