“El presidente se ha mostrado convencido de su inocencia y seguro de que todo esto quedará en nada, en un mal trago que tendrá que absorber quizá por culpa de aquellos cuya única obsesión es judicializar la vida política para ganar en los tribunales, lo que no son capaces de obtener en las urnas” Satisfacción. Esa es la palabra que resume el sentir del presidente Juan José Imbroda y de las personas que le acompañaron ayer en Madrid tras su declaración ante el Tribunal Supremo. El propio Imbroda mostraba su alegría porque al fin pudo hablar y dar su versión ante un juez, después de dos-tres años en los que ha coleado este asunto, sin qué supiera de qué le acusaban y por qué. Con su declaración, voluntaria y solicitada de antemano por escrito, ante el juez que lleva el caso, el magistrado Francisco Monterde, pudo ofrecer su versión de los hechos y defender que no ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001.
Así recalcó que los hechos se remontan a la primavera de hace catorce años, por lo que ha tenido que hacer esfuerzos para ver lo que pasó en aquella época. "Pero una vez que me he puesto al corriente de lo que pasó pues he comprobado que actué conforme a derecho y eso es lo que he explicado", ha dicho.
La primera autoridad melillense recalcó que la contratación se realizó "sin ninguna doblez y ninguna mala intención" y en que fue apoyado por los servicios técnicos y jurídicos de la Administración autónoma. "En ningún momento tuve ninguna advertencia de ilegalidad", ha afirmado, para añadir que en estos casos "lo peor son las incertidumbres" y por eso tras enterarse de la investigación abierta se dirigió al Supremo para declarar voluntariamente.
Además ha subrayado que en su decisión de contratar a un abogado le había guiado, "como siempre", su defensa por los intereses de la ciudad, hasta tal punto que gracias al trabajo de este letrado, la Ciudad Autónoma logró ahorrar a las arcas municipales 45 millones de euros en un periodo de 15 años.
Ahora queda por ver qué decisión adopta el juez Francisco Monterde, si archiva la causa, con lo que decaería la acusación de presunta prevaricación administrativa, o continúa adelante. Por lo pronto, el presidente se ha mostrado convencido de su inocencia y seguro de que todo esto quedará en nada, quizá en un mal trago que tendrá que absorber por culpa de aquellos cuya única obsesión es judicializar la vida política para ganar en los tribunales, lo que no son capaces de obtener en las urnas.
