Una de las reformas legislativas que están sobre la mesa de debate en el Parlamento es la que afecta a la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que el PP presentó una enmienda para dar una mayor seguridad jurídica a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los intentos de entrada irregular en Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió la iniciativa emprendida por el Ejecutivo porque tiene como objetivo “aclarar algún aspecto que podría tener sombra de dudas”. Además, puntualizó que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se ha emprendido no pretende establecer limitaciones, “como algunos han querido hacer ver en ocasiones”, sino “ordenar el ejercicio de los derechos” de los ciudadanos y garantizarlos. Una de las cuestiones en las que Catalá hizo más hincapié es en la obligación del Estado de que “haya normas claras, transparentes y conocidas por todos”, tanto las Fuerzas de Seguridad del Estado como el conjunto de los ciudadanos, de manera que todo el mundo sepa cuáles son las condiciones para acceder a España. “A fin de cuentas, estamos hablando de entrada en un territorio, en un estado soberano, que está sometido a normas, como es razonable en todo el mundo”, explicó el ministro antes de recordar que el salto de una valla “es una actividad ilegal” porque “infringe el sistema de acceso al territorio nacional”.
El ministro subrayó que “uno de los peores servicios” que puede hacer el Estado en el funcionamiento del Estado de Derecho “es que los que trabajan precisamente por defender las libertades de todos, que son los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado” se vean afectados por “alguna zona de sombra que pueda generar un proceso judicial”. De este modo, se refirió a los procedimientos judiciales que hay abiertos por sendas actuaciones de la Guardia Civil en la “frontera sur de Europa”, por las hay imputados un total de 25 guardias civiles, 16 en Ceuta por la tragedia del Tarajal y 9 en Melilla por las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes a Marruecos.
Catalá se mostró “convencido” de que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “no hacen otra cosa que trabajar por el interés de los ciudadanos”, razón por la que desde el Estado hay que “ayudarles a tener buenas leyes que clarifiquen cualquier duda que pueda surgir”.
De ahí la reforma legislativa que se ha emprendido con una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que “una de las obligaciones del Gobierno y el poder legislativo es facilitar herramientas eficaces para que quienes defienden la sociedad y el sistema de libertades puedan hacer su trabajo con calidad, garantías y la seguridad jurídica que quieren tener”. Máxime en una frontera como es la del sur de Europa, que tiene cierta “singularidad”, y en la que “es muy importante tener claros los procedimientos y reglas para que los conozcan todos”.
El derecho al asilo
En su comparecencia ante los periodistas, Catalá rechazó que esta enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana pueda suponer un menoscabo al derecho al asilo, ya que en su opinión son “dos cosas distintas”, habida cuenta que la nueva normativa “aclara los sistemas de entrada y eso no implica ninguna limitación” a un derecho que tiene “una serie de condiciones para ser acreditado y reconocido”.
Para el ministro, “lo razonable” es que España tenga “unos sistemas de seguridad y sistemas legales que garanticen que los flujos de entrada de los ciudadanos en el país sea mediante un proceso ordenado, sometido a procedimientos, requisitos y condiciones” administrativos y de seguridad ciudadana “como existen en todo el mundo”.
Asimismo, insistió en que “en una sociedad compleja” como es la del siglo XXI, es necesario que haya normas que regulen el ejercicio de los derechos, como es el caso de la movilidad de acceso a las fronteras, que “intentan simplemente ordenar y en absoluto limitar como algunos han querido en ocasiones hacer ver”.
La Ley del Menor
Durante su visita a Melilla, el ministro tuvo ocasión de abordar la problemática de los menores extranjeros no acompañados con el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, el juez decano, Emilio Lamo de Espinosa, y la Fiscalía del Menor.
El Ministerio de Justicia ha impulsado una reforma de la Ley de Protección al Menor que está ahora en debate en el Parlamento, en la que se da habilitación normativa a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla para que ajusten esta normativa a su problemática.
Sobre esteasunto, Rafael Catalá dijo que se lleva de Melilla “ideas y reflexiones sobre la conveniencia de mejorar el marco normativo que ayude a los fiscales a que puedan hacer mejor su trabajo” en lo relativo particularmente a los derechos de los menores.
