Melilla, Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha están a la cola en equidad educativa, según el índice elaborado por Save The Children. En cabeza se encuentran el País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón, que son las regiones que tienen un mayor grado de coherencia y pertinencia en sus políticas públicas en materias educativas.
Para Save The Children, la actual cobertura del Derecho a la Educación en España no garantiza que los menores que proceden de familias con bajo nivel de recursos tengan oportunidad de salir del riesgo de exclusión social, y urge a ampliar la cobertura de este derecho a partidas como material escolar, becas de comedor y de transporte o actividades extraescolares (como excursiones de clase) para las familias que no pueden afrontar estos gastos.
En contraposición con la situación de pobreza y desigualdad, denuncia la reducción en más de 6.000 millones de euros el presupuesto público destinado a las partidas de Educación entre 2009 y 2014 y asegura que "si al multiplicarse la pobreza se resta la inversión, las cuentas no salen". Indica que, de acuerdo con la evolución de los datos de gasto de los hogares entre 2006 y 2013, la inversión familiar en educación ha aumentado más de un 30% (de 276 euros a 360 euros), mientras que otros gastos como vestimenta, mobiliario o mantenimiento del hogar, transporte, ocio y comidas en locales se ha reducido un 25%.
El informe vincula la dificultad de acceder a los recursos que ofrece la educación y el origen socioeconómico de los estudiantes con los datos de abandono escolar. Según el informe, uno de cada tres escolares a los 15 años (35%) ha repetido al menos una vez un curso y cerca del 30% de los estudiantes de secundaria no obtiene el graduado de la ESO. Por ello, la ONG insiste en que las políticas que garantizan el acceso universal al Derecho a la Educación, contemplen el proceso educativo "en su perspectiva más amplia". "Si se priva a los grupos de población más vulnerables de la posibilidad de profundizar en su formación, primará la inequidad por mucho que el sistema garantice la escolarización y el acceso a la educación básica", defienden.
