El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha dicho que "está feliz" tras la decisión del Tribunal Supremo (TS) de archivar el caso por el que estaba imputado por un delito de prevaricación. Feliz no únicamente por él y su familia sino también por lo que representa, como primera autoridad melillense, y por el partido al que encabeza en la Ciudad, el PP. Imbroda subrayó que la contratación de abogados por arrendamiento de servicios se ha realizado desde los años 80 con todos los presidentes, incluido por "el condenado" Ignacio Velázquez.
Ni Juan José Imbroda ni su Gobierno al completo así como muchos dirigentes del PP no podían ocultar su satisfacción ayer en la sede por la tarde, durante la rueda de prensa para valoración la decisión del Supremo.
Imbroda, que se mantuvo sonriente durante casi toda su comparecencia, salvo cuando tenían que hacer referencia a quienes cree que han instrumentalizado la Justicia para intentar lograr en los tribunales lo que no consiguen en las urnas, fue recibido y despedido con sendos y sonoros aplausos por parte de sus compañeros de filas y de Ejecutivo.
El presidente de la Ciudad comenzó su comparecencia recordando que la contratación de abogados externos como él hizo, se realiza desde antes incluso de que Melilla fuera Ciudad Autónoma, "desde los años 70 y 80". Así citó, con nombres y apellidos, los abogados que contrató una de las personas que considera que está detrás de la denuncia que le ha llevado al Tribunal Supremo, Ignacio Velázquez (PPL), que pagó a cuatro letrados sin seguir la ley de contratos del Estado en siete años de mandato. Otro tanto de lo mismo ocurrió con Enrique Palacios (PIM) en 18 meses y dos Mustafa Aberchán además del bufete Cuatrecasas en un año de presidente, mientras en el caso del propio Imbroda fueron cuatro abogados y el bufete Gómez-Acebo y Pombo en quince años de Gobierno.
"Querían echarnos como sea"
"Sin embargo, todo el peso de las acusaciones recayeron sobre mí, cuando se contratan abogados desde los 80 e incluso 70" señaló el presidente de la Ciudad, quien subrayó que esta forma de proceder ha contado en todas las ocasiones con el visto bueno de los técnicos, como los distintos secretarios generales e interventores que ha habido en Melilla desde esos años. "O todos nos hemos equivocado o todos nos hemos puestos de acuerdo para cometer un delito" preguntó.
"Pero de repente se dan cuenta que no hay concurrencia, ni publicidad y me denuncian a mí" lamentó Imbroda, quien tiene claro que había un interés político por intentar apartarlo de la vida política por parte dos partidos de la oposición, PSOE y PPL, especialmente este último con "su jefe" a la cabeza, el dueño de Gaselec y Cablemel Gustavo Cabanillas.
Un objetivo, resaltó Imbroda, que no han logrado tras la absolución libre y archivo de la causa dictada por el TS porque "siempre obré de buena fe y defendiendo los intereses generales de los melillenses".
De este modo aseguró que con la contratación del abogado externo Juan Jesús Olivares, realizada además por un socialista que formaba parte de su primer ejecutivo, Rafael Hernández, para defender a la Ciudad de la denuncia de las cooperativas que había formado el Gabinete de Aberchán, se logró ahorrar a las arcas públicas 42 millones de euros y evitar la entrada "del 10 por ciento de lo que hubiera sido la plantilla de la Ciudad Autónoma por la puerta de atrás".
El mandatario local ha resaltado que "nadie se ha llevado un duro" y que lo único que se ha producido es un intento de "engañar a la Justicia" por parte algunos políticos de la oposición y un empresario que "es el jefe de todos ellos", Gustavo Cabanillas, porque "querían echarnos como sea".
