El fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada Bardají, presentó la semana pasada un recurso ante la decisión del juez Francisco Monterde de archivar la causa por la que el Alto Tribunal estaba investigando al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de un abogado externo. Ayer, Imbroda negó todos los argumentos que esgrimía el fiscal a lo largo de las 14 páginas de su contundente recurso, y se mostró convencido de que si Viada Bardají lo acusa de “despreciar la Ley” se debe a que en las visitas que ha realizado a Melilla “le han comido el coco y lo han manipulado de alguna manera” para que actúe como si fuera “Robin Hood para poner orden”. Imbroda señaló como uno de los posibles autores de una supuesta intoxicación al fiscal al presidente de la Asociación Libre de Abogados (ALA), José Miguel Pérez, que es un destacado miembro del PSOE de Melilla. Desde el PP local ya sacaron a relucir la semana pasada al máximo responsable de la entidad denunciante en el Caso Abogados, al afirmar que es uno de los vocales del PSOE en la Junta Electoral.
Ayer, Imbroda señaló a José Miguel Pérez como una “persona clave” en una supuesta “manipulación” al fiscal del Supremo porque el partido al que pertenece, el PSOE, “se dedica a destruir, derruir y bombardear al PP”. Un objetivo que, subrayó, es común en quienes “buscan el fracaso” de la formación popular, entre los que se encuentran los partidos políticos y “otra serie de instituciones, que son los mismos de los partidos clásicos, pero con otros ropajes”.
Para el presidente popular, está claro que “en ese ropaje entran los señores de ALA, que se han traído al fiscal”. “Supongo que el fiscal habrá tenido una vocación decidida de escuchar lo que le han dicho quienes nos ponen como los facinerosos del siglo y los bandidos de Sierra Morena”, agregó.
Imbroda dijo que los argumentos del fiscal, relativos a una planificación de Imbroda en la contratación de abogados externos en la Ciudad Autónoma, es “un absurdo” y “una mentira como la copa de un pino”. “No hay nada, un magistrado del Supremo lo ha dicho ante un montón de certificados que he llevado de los cuerpos técnicos de la Ciudad Autónoma”, insistió su presidente. Documentos que, tal y como subrayó, son verdaderos porque “nadie certifica algo ilegal. Se juega el bigote si lo hace porque es falsificación de documento público, que es algo muy grave”.
Exigirá responsabilidades
En este sentido, dejó claro que cuando fue a declarar al Alto Tribunal el pasado 11 de marzo, acudió con su verdad, su palabra y todos estos certificados. Por lo tanto, a su entender, el recurso presentado por el Ministerio Fiscal es “la guerra política” y ya no se trata de un debate en Derecho, sino de “un debate político puro y duro”. No obstante, aseguró que él está “la mar de tranquilo” porque el caso está en el Supremo y “ellos sabrán lo que tienen que hacer”.
Eso sí, Imbroda advirtió de que no piensa quedarse “quieto” porque “cuando acabe esta historia”, piensa exigir responsabilidades “desde el primero al último, sea quien sea”.
