Las ONG que se han personado en el procedimiento judicial por el que estaba imputado el coronel jefe de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, pidieron ayer que éste sea apartado de sus funciones al frente de la Comandancia porque “incluso no habiendo prevaricado, el auto deja claro que ha vulnerado el ordenamiento jurídico”.
En una nota de prensa remitida por Andalucía Acoge, una de las ONG personadas como acusación particular junto con Prodein, SOS Racismo y APDHA, las entidades indican que respetan, pero no comparten, el auto de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla.
Además, inciden en que el auto contiene “una serie de aspectos que podrían quedar eclipsados” por la anulación de la imputación del coronel Martín Villaseñor por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Uno de ellos, que la Audiencia “ha reconocido que las órdenes dictadas por el coronel a sus subordinados han supuesto una vulneración del ordenamiento jurídico español, ya que no se han seguido los procedimientos legales establecidos, se ha prescindido de garantías como la asistencia de abogado e intérprete, y se ha impedido el derecho de asilo”.
También subrayan que el auto “considera inaceptable el concepto de frontera que se viene aplicando desde el 2005, y por lo tanto reconoce la zona de entrevallas como parte del territorio nacional”.
Por todo ello, las ONG sacan como conclusión que el coronel debe ser apartado de sus funciones en la valla “incluso no habiendo prevaricado”, ya que el auto “deja claro que ha vulnerado el ordenamiento jurídico y no ha respetado los derechos” que les reconoce la Ley de Extranjería.
Responsabilidades políticas
En su nota, las ONG muestran su preocupación por el hecho de que este archivo de la Audiencia Provincial solo afecte al coronel “exclusivamente respecto al delito de prevaricación administrativa”, ya que el procedimiento penal principal sigue abierto para los 8 guardias civiles que también estaban imputados.
“El hecho de que el procedimiento siga abierto hace que nos preocupe que sean los subordinados los que terminen pagando los platos rotos por una mala gestión por parte del Gobierno español del perímetro fronterizo”, ha afirmado en la nota José Luis Rodríguez, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge.
Por todo ello, las ONG consideran que “es el momento de exigir responsabilidades políticas al Ministerio del Interior”.
