La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) aplaudió ayer la reciente reforma de la Ley de Extranjería, que incorpora el rechazo en frontera en las vallas de Ceuta y Melilla al ordenamiento jurídico español, porque supone “legislar específicamente para tratar de solucionar el problema” de ambas ciudades. Sin embargo, advirtió de que esta medida no eliminará todas las dudas sobre la actuación de los agentes ante los intentos de entrada masiva, y por eso abogó por aplicar el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos, firmado entre ambos países en 1992. Esta asociación, en una nota de prensa, incidió en la necesidad de que el ministro de Interior español se reúna cuanto antes con su homólogo marroquí en virtud del Comité Mixto Hispano-Marroquí articulado en el Acuerdo de Readmisión que ambos países firmaron en 1992. “Estamos convencidos de que la inclusión en dicho acuerdo de un procedimiento acelerado de readmisión contribuiría a eliminar las dudas, disminuyendo sustancialmente el efecto llamada y como argumento más eficaz para luchar contra la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla”, subrayó APROGC.
Dicho procedimiento acelerado de readmisión permitiría a España solicitar a Marruecos la readmisión de inmigrantes y obtener una respuesta “en un plazo muy breve”, además de simplificar los trámites para ello porque la notificación sería por teléfono, fax o verbal, levantándose un acto en caso necesario.
El auto de la Audiencia
APROGC, que recordó que este procedimiento fue recomendado por el Consejo de Europa en 1995, se refirió asimismo al reciente auto de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla, que archiva la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor.
Recordó que este archivo se une al del caso de los inmigrantes que entraron de forma irregular a Melilla en vehículos kamikaze, por el que fueron imputados el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, y el comandante 2º jefe de la Guardia Civil de Melilla, Arturo Ortega.
Ambos autos “van poniendo las cosas en su sitio”, afirmó APROGC, que confió en que las causas seguidas contra el resto de guardias civiles de Ceuta y de Melilla que actúan en la valla “corran la misma suerte en un futuro muy próximo”.
Esta entidad dejó claro que “los guardias civiles cumplen las leyes de una manera muy lógica” porque “existe una valla para impedir entradas salvajes e ilegales en España” y los extranjeros que quieran entrar en España de manera legal tienen puntos habilitados para ello, además de la posibilidad de acogerse a figuras como el asilo.
“No tienen que saltar una valla agrediendo a las fuerzas de orden público. Hacerlo a través de una valla no es legal y la Guardia Civil lo tiene que impedir. O se quita la valla”, dio a elegir APROGC, que no obstante opinó que el auto de la Audiencia Provincial de Málaga da “un serio toque de atención” al Gobierno.
Para APROGC, el auto da la razón a su entidad y evidencia el error de “las ONG y plataformas que se suben periódicamente al carro de la tragedia de la inmigración denunciando penalmente a diestro y siniestro sin ninguna prueba objetiva”, así como de los juristas que hicieron un informe sobre los rechazos en frontera “pata tratar de amedrentar a los guardias civiles”.
