“Tener una incineradora para desprenderse de las basuras en el siglo XXI es un atraso”, aseguró ayer Podemos, que dio “muchas razones” para argumentar su teoría. Según dijo, esta infraestructura produce contaminación atmosférica y contribuye al cambio climático. Además, “es el sistema que menos puestos de trabajo precisa, y la más cara a la hora de consumir dinero público en el tratamiento de basuras”.
También recordó que “no hay espacio en la ciudad para separar sus emisiones contaminantes de los barrios de Melilla, ya que su efecto se detecta a varios kilómetros, afectando a la salud pública, no solo del barrio de María Cristina, que ha sido la zona más perjudicada por esta tecnología, sino en toda la ciudad ya que era moderna en los años 80 del siglo pasado pero que en la segunda década del siglo XXI está ya obsoleta”.
Por ello, se basa en la premisa de la Unión Europea, donde “se plantean tener un horizonte con residuos 0. Es decir, nada se debe tirar. Hay tecnología para que todo valga”.
Lo que quiere hacer Podemos con las basuras es “mejorar la salud pública de todas las personas de Melilla porque todas están afectadas, según los estudios epidemiológicos conocidos en media Europa”. También “evitar la contaminación del medio ambiente debido no solo a las emisiones atmosféricas, sino también a los residuos que la propia incineradora produce, que son considerados residuos peligrosos”. Y “crear puestos de trabajos en pequeñas empresas creando empleo verde para el reciclaje”.
Su propuesta es reducir la cantidad de residuos, reutilizar y alargar la vida útil de los productos, reducir el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, de los residuos generados.
“Cada línea estratégica debe identificar los productos o sectores de actividad en los que se actuará prioritariamente, proponiendo las medidas de prevención que se han demostrado más efectivas en cada una de las áreas”, subraya Podemos, que dice haber copiado esta propuesta la Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Gobierno de España.
