El caso voto por correo, por el que se investiga la presunta compra de votos a cambio de planes de empleo en las elecciones generales de 2008 a favor del pacto político entre PSOE y Coalición por Melilla (CPM), se juzgará una vez que se celebren las elecciones autonómicas convocadas para dentro de una semana. El juez que lleva el caso dictaminará entonces la apertura del juicio oral, en el que la Fiscalía ha pedido que 17 dirigentes del PSOE y 13 de CPM se sienten en el banquillo de los acusados por presuntos delitos electorales, de falsedad, asociación ilícita, prevaricación, y malversación de caudales públicos. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, la Fiscalía pide 231 años de cárcel para los 30 imputados, además de 272 años de inhabilitación para empleo o cargo público y más de 1,1 millones de euros entre multas e indemnizaciones. Los peor parados en el escrito de la fiscal son quienes estaban al frente de PSOE y CPM hace siete años, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, respectivamente. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 27 años de prisión, 50 de inhabilitación y cerca de 60.000 euros de multa. Se les acusa de siete presuntos delitos en total: tres delitos electorales continuados por contravenir los artículos 139, 140 y 146 de la LOREG, uno de falsedad, uno de malversación de caudales públicos, y uno de asociación ilícita.
Además, según la fiscal, Muñoz y Aberchán también deben indemnizar conjunta y solidariamente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con 636.568,70 euros, cuantía que “habría sido desviada” para la contratación de “trabajadores que votaron por correo y obtuvieron un puesto de trabajo en alguno de los tres planes de empelo y no reunían los requisitos”. Esta indemnización tendrán que abonarla junto con el actual secretario general del PSOE, Gregorio Escobar (entonces delegado del Gobierno), el director provincial del SEPE, Joaquín Arana, y la responsable de la UPD (unidad que gestionaba los planes de empleo), Ana Mansilla.
Escobar, Arana y Mansilla acumulan cada uno en la petición de penas de la fiscal 9 años de prisión y 20 de inhabilitación por tres presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Junto con Muñoz y Aberchán, son de los responsables socialistas con peticiones penas más voluminosas, solo superadas por las que afectan al exsecretario general de Juventudes Socialistas, Amin Azmani y al director provincial de Correos, Juan José Redondo.
Para Azmani, concretamente, la fiscal pide 12,5 años de prisión, 11 de inhabilitación y 38.280 euros de multa por cuatro presuntos delitos: dos electorales continuados, uno de falsedad y otro de asociación ilícita. Sobre Redondo, la fiscal dice que “asumió un papel fundamental en la trama urdida”. Pide para él 12 años de prisión y 9 de inhabilitación por dos presuntos delitos electorales continuados y uno de asociación ilícita.
El resto de imputados del PSOE rondan peticiones de prisión que van desde los 8,5 años a los 5,5 años, y de inhabilitación de 3 a 7 años, además de multas que van de 9.000 euros en adelante.
Lo mismo sucede con los imputados de CPM, para los que en casi todos los casos se reclama 5,5 años de prisión y 4 de inhabilitación. La única excepción, además de Aberchán, es el exdiputado Abdelrahem Sellam, para el que Fiscalía demanda 10,5 años de prisión y 9 de inhabilitación, además de 38.280 euros de multa.
Los dos colaboradores
De los 30 imputados en este caso, quienes menos pena tienen en la petición del fiscal son los dos que han colaborado en la investigación, Nordin Abdel-lah Chadli, y una antigua responsable de Juventudes Socialistas, Ikram Aanan. A primero, según indica el escrito de la Fiscalía, le encargaron tanto Muñoz como el exsecretario de Organización, Alonso Díaz, que movilizara los barrios periféricos tres días antes de iniciarse la fecha para llevar a cabo el trámite del voto por correo. Ikram Aanan, por su parte, recibió la misión por parte de Alonso, según la fiscal de “confeccionar una lista” de electores por correo que acudían a la sede de Juventudes Socialistas, ubicada en la calle Ejército Español, para seguir todo el procedimiento como paso previo a la designación de un puesto en los planes de empleo.
Para ambos, tanto Nordin Abdel-lah como Ikram Aanan, la fiscal pide solo un año de prisión por presuntos delitos de asociación ilícita y dos delitos electorales continuados, además de 5.475 euros de multa en el caso de Nordin Abdel-lah, y 8.760 euros en el caso de Ikram Aanan.
La presunta trama
El escrito que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 se extiende a lo largo de 127 páginas y fue fechado el 8 de abril, aunque según aseguró ayer el PP, no fue hasta el viernes por la tarde cuando se le dio traslado como una de las partes personadas en este caso por haber presentado denuncia en marzo de 2008.
El documento trascendió ayer a la opinión pública, dinamitando la campaña para las elecciones que se celebrarán en solo una semana a la Asamblea de la Ciudad Autónoma, ya que uno de los imputados que peor sale parado en el escrito de la Fiscalía, Mustafa Aberchán, se ha vuelto a presentar a estos comicios. El cabeza de lista de CPM es uno de los que más peticiones de pena acumula por siete presuntos delitos.
Justo después de las elecciones se decretará la apertura de un juicio oral que se prevé muy largo, ya que además de los 30 imputados a los que la fiscal pide que se tome declaración, también solicita que se cite a 351 testigos, muchos de ellos personas a las que presuntamente ofrecieron un empleo subvencionado por el Estado a cambio de su voto para PSOE-CPM en las elecciones generales de 2008, en las que estaba en juego el escaño que Melilla tiene en el Congreso de los Diputados, y los dos del Senado.
La Fiscalía acusa, directamente, a los dos máximos responsables de estos partidos, Mustafa Aberchán en el caso de CPM, y Dionisio Muñoz por el PSOE en aquella época, de “concertarse para crear un entramado orientado a la captación ilegal del voto, mediante el llamamiento masivo al voto por correo, bajo la promesa de la obtención de un puesto de trabajo en los planes públicos de empleo. Para hacer tal afirmación, la fiscal señala “el desproporcionado incremento de votos por correo” que se dieron en aquellas elecciones, que se elevó hasta el 11,42% del total, pese a que cuatro años antes solo el 5,39% del electorado envió su papeleta vía postal.
Una cifra “desmesurada” que levantó sospechas de todo el mundo hace siete años en Melilla, especialmente del PP, que fue el que propició que se iniciara una investigación presentando una denuncia. Le siguieron otras muchas más de melillenses que recibieron “cartas falsas” asegurando que habían sido preseleccionados como beneficiarios de un plan de empleo.
Según indica la Fiscalía en su escrito, hasta una treintena de responsables de PSOE y CPM se repartían, presuntamente, los papeles en este entramado en el que señala como “cabecillas” a sus dos máximos responsables, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán. También sitúa como “bases de operaciones” la sede cepemista y la de Juventudes Socialistas, que por aquel entonces estaban situadas en el mismo edificio y en la misma planta, puerta con puerta. Otros escenarios donde supuestamente operaba esta trama eran los barrios periféricos, donde se sitúan las más elevadas tasas de paro y pobreza de la ciudad, y la oficina de Correos, donde se detectaron “irregularidades” que conllevaron una investigación de la Guardia Civil.
La Fiscalía apunta claramente que la trama fue propagando por la periferia de Melilla, a través de “cabezas de barrios”, la noticia de que “los ciudadanos que votaran a la coalición PSOE-CPM accederían a un puesto de trabajo en los planes de empleo”. A ello le siguieron cartas falsas para conseguir el efecto llamada. Para conseguirlo, la fiscal dice que se les daba instrucciones para solicitar el voto por correo ante las sedes de CPM y Juventudes Socialistas, donde quedaban registrados en un listado y se les preparaba los sobres con la papeleta de estas formaciones. El siguiente paso era su entrega “de forma masiva” en la oficina de Correos, cuyo director “asumió un papel fundamental en la trama urdida”.
Tres planes de empleo
La fiscal indica que tres fueron los planes de empleo financiados por el Estado que supuestamente se utilizaron para saldar la deuda con los votantes, concretamente los dos gestionados en 2008 y el de 2009. En total, 3.260 puestos de trabajo, en los que el Ministerio Fiscal indica que se manipularon los procedimientos de selección de personal para dar cabida a quienes habían votado por correo, dejando 2.291 puestos que no requerían titulación mínima. El 23% de los beneficiarios fueron votantes por correo en aquellas elecciones, “sin perjuicio de que en el 77% restante haya familiares de votantes por correo que hayan sido contratados gracias al voto de sus parientes”.
Por ello se señala como “decisiva” la presunta participación de Gregorio Escobar, que entonces era delegado del Gobierno. En esas elecciones, curiosamente, había sido el candidato de PSOE-CPM al Congreso, y posteriormente fue designado como secretario general del PSOE, puesto en el que sigue actualmente, que compagina con el de diputado en la Asamblea de Melilla, junto con Dionisio Muñoz. También en esta fase se acusa de “desviar la subvención para un fin claramente particular” a los socialistas que estaban al frente del INEM y de la UPD, Joaquín Arana y Ana Mansilla, respectivamente.
