Los sueldos que percibirían el presidente de la Ciudad, los consejeros y los viceconsejeros, que oscilaban entre las 700.000 y las 400.000 pesetas fueron objeto en un pleno de toda clase de críticas desde la oposición y motivo de recíprocas acusaciones entre populares y socialistas. Hasta Luis Fernández Muñoz, que en su condición de no electo tiene voz pero no voto por su calidad de consejero de Medio Ambiente, tuvo que defenderse de las insinuaciones de ilegalidad que dejaba caer José Luis Estrada sobre su nombramiento y el propio Ignacio Velázquez informaba de que algunos de los integrantes del Consejo Gobierno estaba siendo presionados por la Administración Central, regida por el PSOE, para tratar de estorbarle en sus nuevas funciones públicas.
