El Gobierno de la Nación ha rechazado hacer cambios en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que recoge la posibilidad de los "rechazos en frontera" en las vallas de Melilla, cuando se producen saltos masivos y violentos. El Ejecutivo no atiende así la petición cursada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que fue realizada en Ginebra con motivo del Examen Periódico Universal (EPU). España se defendió asegurando que este "rechazo en frontera" se hace respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. De las 189 recomendaciones que los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos le hicieron en Ginebra con motivo del Examen Periódico Universal (EPU), España aceptó 169 y rechazó 20.
Entre las descartadas, según informa el Periódico de Cataluña, están la petición de que se revisen las actuales prácticas de expulsión de inmigrantes en Ceuta y Melilla, así como la modificación de la legislación de seguridad nacional con miras a garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo.
Rechazos con garantías
Ana María Menéndez Pérez, embajadora permanente ante la ONU, se limitó a mencionar que las enmiendas incluidas en la ley de seguridad ciudadana amparan que este "rechazo en frontera" se realice respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es Estado firmante, algo que ya adelantó en enero el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, cuando la ley aún estaba en trámite, al ser cuestionado y criticado repetidas veces durante el EPU.
