Han tenido que pagar un precio muy caro para facilitar la gobernabilidad con mayoría absoluta y dejar a un lado las responsabilidades que a buen seguro les hubiera dado el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, en el próximo Ejecutivo Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En esto consiste la presunción de inocencia pero este es un derecho que parece vetado para la política, donde el nivel de exigencia es mayor que al resto de mortales debido a los casos de corrupción que han salpicado a la vida política española.
Pero si bien se ha tenido que llegar a estos extremos por los escandalosos casos que se han dado a nivel nacional, también hay que reconocer que es una medida injusta porque es meter a todos "en el mismo saco", cuando hay casos y casos: unos muy graves y otros que no pasan de ser errores administrativos como son los que afectan a Miguel Marín y María Antonia Garbín.
Los dos diputados del Partido Popular (PP) se han sacrificado por su partido para poder alcanzar el pacto con el Partido Populares en Libertad (PPL), al contemplar que no puede haber procesados en el Gobierno de Melilla, aunque esos procesamientos estén recurridos, como es el caso.
Han tenido que pagar un precio muy caro para facilitar la gobernabilidad con mayoría absoluta y dejar a un lado las responsabilidades que a buen seguro les hubiera dado el presidente Juan José Imbroda en el próximo Ejecutivo, no en vano Marín ha ocupado hasta ahora la vicepresidencia primera de la Ciudad Autónoma y consejerías de la importancia de Administraciones Públicas primero y después de Fomento, Juventud y Deportes, y Garbín los últimos quince años al frente de la Consejería de Bienestar Social, Sanidad y Consumo.
Los dos han dado un paso atrás para lograr el pacto PP-PPL pero ello no significa que pronto puedan darlo al frente si, como están convencidos, finalmente resultan absueltos y por tanto dejan de estar procesados. Mientras tanto y sabiendo de la valía de ambos, Imbroda no ha querido dejar de aprovechar los conocimientos de ambos durante tanto años de gobierno y ambos han sido nombrados portavoces del Grupo Parlamentario Popular, además de formar parte de la asesoría de dicho grupo en el caso de Garbín y de otras responsabilidades futuras que puedan tener ambos hasta que se despejen sus respectivos panoramas judiciales. Si el resultado es como ellos predicen, sería de justicia que fueran objetivo de "rehabilitación pública" como recoge el pacto de gobernabilidad. Porque otra cosa no se entendería.
