El PP y PPL consideran prioritario que toda la acción del gobierno ha de estar dirigida básicamente a erradicación de la pobreza, la creación de empleo, la cohesión social y la regeneración ética de la actividad política. Sobre la base de estos presupuestos, señalan que la necesidad de una "ciudad libre de corrupción", para lo que señalan que la regeneración democrática de la ciudad requiere el cumplimiento de unas medidas indispensables de prevención y represión de la corrupción. Entre las medidas para logarlo, citan la aplicación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y cobertura de los puestos de Secretario General, Interventor y Tesorero por funcionarios habilitados de carácter nacional. También que los Tribunales de oposiciones para el acceso a la función pública se compondrán exclusivamente de funcionarios de la Administración del Estado destinados fuera de Melilla.
Subrayan la elaboración de un Código Ético y de Buen Gobierno y así aseguran que la infracción de las reglas de este código determinará el cese de los cargos políticos y de los funcionarios en los puestos de libre designación. Se incluirán, entre otras medidas, las siguientes: Prohibición para cargos políticos y funcionarios de recibir regalos por el ejercicio del cargo y prohibición para los cargos políticos de que sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado ingresen a trabajar en la CAM como personal eventual de confianza.
Sobre los contratos menores, acuerdan la centralización de la Contratación Menor en la Consejería de Hacienda y constitución de un Registro Público de Empresas que deseen celebrar contratos menores de obras, servicios y suministros. Así como publicidad de todos los contratos menores: fecha, objeto, importe y contratista.
