Este Domingo se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. El término «gratuita», es engañoso, no supone que no tenga costes, sino que éstos deben ser sufragados no por quien recibe los servicios, sino por la Administración Pública. Por eso es imprescindible que sigamos defendiendo el actual modelo de Justicia Gratuita, asistido por letrados independientes y organizado por los Colegios de Abogados. La idea de la privatización de éste servicio supondría alejarnos del espíritu constitucional de la tutela judicial efectiva que tan eficazmente es llevado a cabo por 42.700 abogados, 24 horas al día, 365 días al año. El acceso a la Justicia es un Derecho de todos y como tal no puede excluirse a nadie por falta de medios económicos. Si usted que me lee ingresa anualmente una cantidad inferior a 12.780 euros acuda al Ilustre Colegio de Abogados de Melilla (ICAME) e infórmese, puede ser beneficiario de este servicio.
El pasado viernes el Decano del ICAME, Blas Jesús Imbroda, en el acto para conmemorar este Día, además de leer el Manifiesto, facilitó los datos de 2.014 donde en Melilla se produjeron 9.613 asistencias de Justicia Gratuita de las cuales 6.531 fueron en materia de extranjería, 2.185 penal y 144 de violencia de género.
La inversión realizada en Melilla en ésta materia en el pasado ejercicio fue de más de dos millones de euros. El Proyecto de Ley de Reforma de la Justicia Gratuita aprobado por el Gobierno hace un año sigue sin responder, en esencia, a lo que la abogacía española demanda. Las críticas dentro de la profesión van en aumento ya que el Proyecto mencionado podría erosionar el derecho de defensa de los ciudadanos.
Por todo esto, la abogacía melillense al igual que la del resto de España, reivindicó en el Manifiesto leído por el Decano Imbroda que la reforma debe llevarse a cabo previo diálogo y consenso entre todos los profesionales del Derecho y las administraciones tanto autonómicas como estatal.
Entre otras cuestiones a tener muy presentes está la mejora en las condiciones en las que el abogado presta su actuación profesional. Blas Jesús Imbroda recalcó en el Manifiesto que la Justicia Gratuita es un servicio público centrado en aquellas personas que carecen de recursos económicos y de los colectivos más desprotegidos y vulnerables. Gracias a los abogados y a los Colegios de Abogados funciona con eficiencia y eficacia contribuyendo a mantener la paz social en España. Valorarla, defenderla, mejorar su calidad y acercarla a los ciudadanos es un objetivo básico e irrenunciable de la Abogacía.
La Justicia Gratuita es un servicio que proporciona el Estado y que debe financiarse con impuestos y no como venía ocurriendo hasta hace poco a través de las Tasas. El aumento considerable en peticiones de Asilo que en los últimos meses está ocurriendo en Melilla y que arroja la cifra de más de 1.300 peticiones pone de nuevo a nuestra Ciudad en el punto de mira para que se mejore un servicio tanto para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado como para los propios letrados que asistimos a los ciudadanos sirios que huyen de su país devastado por la guerra. La Justicia Gratuita es su Derecho, defiéndalo.
